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Sputnik
\nEcuador
\n25 de junio, 2020<\/p>\n
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QUITO (Sputnik) \u2014 Dirigentes de los pueblos ind\u00edgenas de la Amazon\u00eda de Ecuador y de la Alianza por los Derechos Humanos expresaron su preocupaci\u00f3n ante una posible afectaci\u00f3n de derechos por la eventual aprobaci\u00f3n de un reglamento de consulta previa para la actividad minera por parte del Gobierno.<\/p>\n<\/div>\n
“No pueden elaborar un reglamento de consulta previa sin nosotros, porque somos los principales afectados. Todo lo que est\u00e1 haciendo el viceministerio de Minas es inconstitucional e ilegal, viola sentencias internacionales, la Declaraci\u00f3n Americana sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas y el Convenio 169 de la OIT”, dijo Patricia Gualinga, de la Red de Mujeres Amaz\u00f3nicas Defensoras de la Selva Frente al Extractivismo.<\/p><\/blockquote>\n
El pronunciamiento se dio en el foro virtual “El Derecho a la Consulta Previa en Peligro”, organizado para responder al viceministro de Minas, Fernando Benalc\u00e1zar, quien el mes pasado asegur\u00f3 que estaba listo el reglamento para la consulta previa, libre e informada a las comunidades, en el caso de las actividades mineras.<\/p>\n
Los organizadores del foro dijeron que seg\u00fan Benalc\u00e1zar solo falta la firma de un decreto por parte del presidente Len\u00edn Moreno.<\/p>\n
En el tema de la consulta previa, libre e informada existen posiciones encontradas entre el Gobierno y los pueblos ancestrales.<\/p>\n
De acuerdo con las leyes ecuatorianas la consulta previa no tiene car\u00e1cter vinculante, pero debe realizarse obligatoriamente previo al desarrollo de los proyectos extractivos.<\/p>\n
Las comunidades ind\u00edgenas afectadas por proyectos petroleros o mineros sostienen que la consulta previa s\u00ed tiene fuerza vinculante para los Estados.<\/p>\n
Gualinga cit\u00f3 como ejemplo un caso de la comunidad ind\u00edgena amaz\u00f3nica de Sarayaku, que en 2012 gan\u00f3 un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual se fren\u00f3 un proyecto petrolero en su territorio.<\/p>\n
Seg\u00fan Gualinga, ese caso sent\u00f3 jurisprudencia con est\u00e1ndares internacionales, con relaci\u00f3n a la consulta previa.<\/p>\n
Explic\u00f3, adem\u00e1s, que la sentencia de la Corte-IDH detalla requisitos para las consultas, por parte de los gobiernos, entre otras, actuar de buena fe buena fe y utilizar procedimientos culturalmente adecuados encaminados a conseguir el consentimiento de las comunidades.<\/p>\n
Ver\u00f3nica Potes, abogada defensora de los derechos humanos, coincidi\u00f3 con Gualinga al se\u00f1alar que ese fallo constituye un paradigma para la consulta previa ambiental en Ecuador.<\/p>\n
El mi\u00e9rcoles, la denominada Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador dijo que de aprobarse el reglamento anunciado por el viceministro de Minas, sin el consentimiento de las organizaciones ind\u00edgenas representativas del pa\u00eds, se violar\u00eda el principio de reserva legal al no acatar las disposiciones establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos.<\/p>\n
La Alianza denunci\u00f3 ante la Corte Constitucional, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Relator de Pueblos Ind\u00edgenas del Sistema de Naciones Unidas que el Gobierno ecuatoriano, en materia minera, responde a intereses empresariales y de inversionistas for\u00e1neos.<\/p>\n
Ecuador tiene solo dos proyectos mineros de gran escala en producci\u00f3n: el aur\u00edfero subterr\u00e1neo Fruta del Norte, concesionado a la empresa canadiense Lundin Gold y el cupr\u00edfero a cielo abierto Mirador, operado por EcuaCorriente, una subsidiaria del consorcio chino CRC-Tongling Nonferrus Metals.<\/p>\n
Al menos una docena de proyectos de diferentes empresas est\u00e1n en diferentes etapas de exploraci\u00f3n.<\/p>\n