![\"\"](\"https:\/\/imgs.mongabay.com\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2020\/10\/04012643\/Panfleto-ORAU-e1611589412888.jpeg\")
Las personas que enfrentan estos episodios de violencia son l\u00edderes ind\u00edgenas en diversas comunidades nativas, de\u00a0Ucayali y Hu\u00e1nuco<\/strong>, sitiadas por\u00a0invasores de tierras, taladores ilegales y narcotraficantes.<\/strong>\u00a0Ellos estiman que m\u00e1s de\u00a015 mil hect\u00e1reas de bosques<\/strong>\u00a0han sido depredadas por mafias en los pueblos ash\u00e1ninkas, shipibo conibo, awaj\u00fan y cacataibos que dirigen. La\u00a0 lucha por frenar este flagelo los ha puesto en la mira de asesinos a sueldo. Tres palabras se repiten una y otra vez en sus testimonios: perseguidos, hostigados y amenazados. Los sucesos descritos al inicio de este art\u00edculo ocurrieron en octubre y son las se\u00f1ales m\u00e1s crudas del grave riesgo que corren por defender sus territorios.<\/p>\n A finales de diciembre fueron parte de una delegaci\u00f3n, conformada por\u00a013 defensores ambientales amenazados,<\/strong>\u00a0que lleg\u00f3 a Lima con el apoyo de varias instituciones aliadas del movimiento ind\u00edgena en la selva central peruana. La visita fue para presentar sus casos en reuniones de alto nivel con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega; y con el entonces ministro del Interior, Rub\u00e9n Vargas. Tambi\u00e9n, con la presidenta del Congreso de la Rep\u00fablica, Mirtha V\u00e1squez, y con la coordinadora nacional de las Fiscal\u00edas Especializadas en Materia Ambiental, Flor de Mar\u00eda Vega. La comitiva sesion\u00f3 adem\u00e1s con representantes de los viceministerios de Cultura y Ambiente, y de la\u00a0Comisi\u00f3n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas<\/a>\u00a0(Devida).<\/p>\n \u201cCansados de la inoperancia de las autoridades regionales, esperamos que las autoridades a nivel nacional nos escuchen\u201d, dice el mayor de los defensores ind\u00edgenas amenazados, que por seguridad nos pide proteger su nombre.<\/p>\n Si bien la crisis de seguridad que viven a diario obedece a un incremento de la criminalidad en los pueblos ind\u00edgenas de la Amazon\u00eda peruana, durante este periodo de pandemia, tambi\u00e9n est\u00e1 relacionada con la falta de mecanismos de protecci\u00f3n efectivos de parte del Estado.<\/p>\n <\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de la narraci\u00f3n de los eventos que casi a diario los atormentan, los integrantes de la delegaci\u00f3n expusieron tres temas que constituyen el trasfondo del problema que enfrentan: la presencia creciente del\u00a0narcotr\u00e1fico y tala ilegal<\/strong>\u00a0en sus pueblos, la\u00a0falta de titulaci\u00f3n<\/strong>\u00a0de sus comunidades y la\u00a0desprotecci\u00f3n y abandono<\/strong>\u00a0que sienten por parte del Estado. Algunos de los l\u00edderes ind\u00edgenas reunidos indicaron a Mongabay Latam que este \u00faltimo punto es el principal problema dentro del caos que afrontan. Y ello, precisan, a causa de una lenta y deficiente activaci\u00f3n del Protocolo para garantizar la protecci\u00f3n de personas defensoras de Derechos Humanos.<\/p>\n El l\u00edder ind\u00edgena que fue confundido con un trabajador de su organizaci\u00f3n, y se salv\u00f3 de ser acribillado, dijo que present\u00f3 la denuncia y pas\u00f3 por un tedioso interrogatorio policial. Luego, el protocolo fue activado para \u00e9l y la prefectura le otorg\u00f3 una constancia de garant\u00edas personales. Sin embargo, hasta ahora no se ha efectuado una acci\u00f3n concreta frente al peligro que corre.<\/p>\n \u201cLas garant\u00edas son simples papeles donde las autoridades indican que ya saben que estamos amenazados, pero\u00a0custodia f\u00edsica no existe<\/strong>\u201d, expresa y nos pide mantener en reserva su nombre. Teme que sus agresores puedan identificarlo y buscarlo tras leer sus declaraciones.<\/p>\n Lo mismo piensa el apu que recibe amenazas en su tel\u00e9fono celular. \u00c9l cont\u00f3 su caso ante la polic\u00eda de Pucallpa, el protocolo tambi\u00e9n se activ\u00f3 para su defensa y le dieron garant\u00edas personales. De acuerdo con su relato a Mongabay Latam, fue aislado en un hotel y ah\u00ed tuvo custodia policial por apenas tres d\u00edas. Despu\u00e9s, los agentes que le daban protecci\u00f3n lo dejaron y solo se qued\u00f3 con el documento de garant\u00edas personales en las manos. \u201cO sea me qued\u00e9 con una hoja. Ahora\u00a0tengo que estar cambi\u00e1ndome de comunidad cada semana<\/strong>\u00a0porque no hay respuestas claras a pesar de las denuncias\u201d, explica.<\/p>\n Al defensor que atosigan con llamadas para describirle cada uno de sus movimientos, la desesperaci\u00f3n lo ha obligado a pedir urgente traslado fuera de su regi\u00f3n. Meses atr\u00e1s recibi\u00f3 un documento de garant\u00edas personales y, con ello, protecci\u00f3n policial. No obstante, se trataba de una\u00a0custodia solo para sus horas de trabajo<\/strong>. Una situaci\u00f3n que lo ten\u00eda mortificado pues las amenazas empezaron cuando un sujeto lleg\u00f3 a su casa para increparle que sab\u00eda de sus denuncias contra taladores y cultivadores de coca. Es decir, la protecci\u00f3n que m\u00e1s requer\u00eda este l\u00edder ind\u00edgena y su familia era justamente aquella que no ten\u00edan: la de su domicilio.<\/p>\n \u201cNuestras vidas corren peligro pero el Estado no ha hecho nada para protegernos. No queremos ser una estad\u00edstica m\u00e1s\u201d, se\u00f1ala el mayor de los apus amenazados. Y se refiere puntualmente a\u00a0los<\/strong>\u00a0asesinatos perpetrados el 2020 contra cinco defensores ambientales del pa\u00eds<\/strong>. En abril, por ejemplo, el atentado contra el apu cacataibo\u00a0Arbildo Mel\u00e9ndez<\/a>\u00a0fue el colof\u00f3n de una cadena de amedrentamientos similares a los que han puesto en vilo a los l\u00edderes ind\u00edgenas que participaron en las reuniones de alto nivel. Mel\u00e9ndez era un duro opositor a los traficantes de tierras que asolaban su comunidad, Unipacuyacu, y promov\u00eda con insistencia que el Gobierno Regional de Hu\u00e1nuco otorgue la titulaci\u00f3n a este pueblo.<\/p>\n En noviembre del 2019, Arbildo Mel\u00e9ndez pidi\u00f3 garant\u00edas personales ante la prefectura de la provincia de Puerto Inca pero no se las dieron. El presidente de la\u00a0Organizaci\u00f3n Regional Aidesep Ucayali (ORAU)<\/a>, Berlin Diques, cuenta a Mongabay Latam que intercedi\u00f3 ante la\u00a0Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos<\/a>\u00a0(CIDH) para que se exija al pa\u00eds el cumplimiento de la protecci\u00f3n a Mel\u00e9ndez. La ORAU agrupa a 13 federaciones nativas de Ucayali, entre estas a la Fenacoca, que tiene afiliada la comunidad de Unipacuyacu. A fines de enero, Arbildo Mel\u00e9ndez y otros dirigentes ind\u00edgenas tambi\u00e9n informaron sobre las intimidaciones que soportaban al entonces relator especial de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, Michel Forst. El relator entreg\u00f3 una declaraci\u00f3n con recomendaciones y propuestas al Estado para la protecci\u00f3n de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, dos meses despu\u00e9s, Mel\u00e9ndez muri\u00f3 baleado, solo y desprotegido, en un bosque de la\u00a0comunidad nativa Santa Martha<\/a>.<\/p>\n Este fue el primero de los cinco asesinatos contra defensores ambientales cometidos en Per\u00fa en el 2020. Luego fueron asesinados los ash\u00e1ninkas Benjam\u00edn R\u00edos (Ucayali) y Gonzalo P\u00edo (Jun\u00edn), y el cacataibo Santiago Vega Chota (Ucayali). Las investigaciones dan cuenta de que en estos tres cr\u00edmenes estuvieron involucrados narcotraficantes. A mediados de setiembre, invasores de tierras mataron al defensor ambiental\u00a0Roberto Pacheco<\/a>\u00a0(no ind\u00edgena), en Madre de Dios. Como Arbildo Mel\u00e9ndez, los otros cuatro defensores estaban amenazados. Y al menos tres de ellos hab\u00edan solicitado sin \u00e9xito garant\u00edas para sus vidas. Todos murieron v\u00edctimas de sangrientos ataques en el curso de la pandemia.<\/p>\n Berlin Diques estima que unas\u00a015 comunidades nativas de Hu\u00e1nuco y Ucayali<\/strong>, empezando por sus respectivos apus, est\u00e1n bajo amenaza de invasores de tierras y narcotraficantes. Una cifra que calcula que se ha duplicado en relaci\u00f3n con el 2019. En el l\u00edmite de ambas regiones, Diques sit\u00faa a Unipacuyacu, Santa Martha, Sinchi Roca y Yamino como los pueblos en mayor peligro. Los reportes que recibe le indican que en estos sectores, correspondientes a la ORAU, la deforestaci\u00f3n y los sembr\u00edos de coca se han incrementado m\u00e1s durante los \u00faltimos a\u00f1os. \u201cFor\u00e1neos se ubican de manera prepotente en las comunidades para talar y hacer chacras. Cuando un comunero interviene empiezan las amenazas verbales y con armas\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n De acuerdo con el presidente de la\u00a0Federaci\u00f3n de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes<\/a>\u00a0(Feconau), Miguel Guimaraes, de los pueblos que representa tres registran mayor perjuicio por la depredaci\u00f3n de bosques y el narcotr\u00e1fico: Santa Clara de Uchunya, en el distrito de Nueva Requena; Flor de Ucayali, en el distrito de Caller\u00eda; y Alto Tamaya Saweto, en el distrito de Masisea. Estas jurisdicciones pertenecen a la provincia de Coronel Portillo. Guimaraes dice que en\u00a0Santa Clara de Uchunya<\/a>\u00a0la lucha ind\u00edgena es contra una empresa de palma aceitera que, seg\u00fan calcula, ha deforestado casi\u00a0siete mil hect\u00e1reas de bosques primarios<\/strong>. Los habitantes de esta comunidad no tienen dudas de que esta compa\u00f1\u00eda promueve la invasi\u00f3n y tala en sus tierras, as\u00ed como las constantes amenazas que reciben.<\/p>\n En Flor de Ucayali el problema no es menor. El apu Guimaraes sostiene que la deforestaci\u00f3n en esa comunidad, y las otras 34 donde la Feconau tiene injerencia, llega a dos mil hect\u00e1reas. El punto neur\u00e1lgico en este sector es la cuenca del r\u00edo Utiquin\u00eda, donde los cultivos de coca y la instalaci\u00f3n de pozas de maceraci\u00f3n casi se han duplicado con respecto al a\u00f1o pasado. \u201cComo esta hay otras cuencas y quebradas tambi\u00e9n invadidas por narcotraficantes que no reconocen nuestro t\u00edtulo de propietarios. Ucayali est\u00e1 pr\u00f3ximo a convertirse en el segundo Vraem (valle de los r\u00edos Apur\u00edmac, Ene y Mantaro, zona que abarca las mayores extensiones de cocales en el Per\u00fa)\u201d, apunta Guimaraes.<\/p>\n Los comuneros de Alto Tamaya-Saweto afirman que aqu\u00ed la actividad de madereros ilegales ha dejado m\u00e1s de 8 mil hect\u00e1reas deforestadas. Una situaci\u00f3n que en los \u00faltimos a\u00f1os se ha agravado con la presencia del narcotr\u00e1fico. En setiembre del 2014, el l\u00edder ind\u00edgena Edwin Chota y otros tres dirigentes de\u00a0Alto Tamaya-Saweto<\/a>\u00a0fueron asesinados por taladores ilegales y ello devino en una seguidilla de intimidaciones contra sus familias y los ind\u00edgenas que todav\u00eda pugnan por la defensa de esas tierras. El temor empuj\u00f3 a que la hija de uno de los defensores ambientales asesinados con Chota escape del pueblo. Huy\u00f3 con sus hijos porque sabe que los hombres que mataron a su padre est\u00e1n cerca de la comunidad. Ella fue parte de la delegaci\u00f3n de ind\u00edgenas que estuvo en Lima y detall\u00f3 su trance actual en las reuniones de alto nivel.<\/p>\n \u201cEl Estado siempre nos ha dicho que no tiene recursos. Tenemos que viajar m\u00e1s de 10 horas para hacer las denuncias y poner la log\u00edstica para que el fiscal pueda llegar a nuestros lugares. Pero todo el esfuerzo que hacemos queda en nada\u201d, lamenta el apu Guimaraes.<\/p>\n <\/p>\n El 25 de abril del 2019, el Ministerio de Justicia (Minjus) aprob\u00f3 la creaci\u00f3n del Protocolo para garantizar la protecci\u00f3n de personas defensoras de Derechos Humanos. Una primera herramienta planteada como parte de la elaboraci\u00f3n del Plan Nacional de Derechos Humanos. Edgardo Rodr\u00edguez, director general de Derechos Humanos del Minjus explica que, al inicio, el protocolo gener\u00f3 resistencia en diversos sectores del Estado que no ten\u00edan clara cu\u00e1l era la figura de un defensor, hacia qui\u00e9n deb\u00eda estar dirigida la protecci\u00f3n y mencionaban incluso la posibilidad de que algunos de ellos tengan acusaciones graves. Al haber sido creado por resoluci\u00f3n ministerial del Minjus, el protocolo no vincula a otras instituciones sustanciales para enfrentar a quienes atacan a los defensores (Ministerio del Interior o Fiscal\u00eda). Se trata, m\u00e1s bien, de un instrumento sectorial y esto, para algunas instituciones, es su principal falencia.<\/p>\n Edgardo Rodr\u00edguez detalla que, luego de recibir informaci\u00f3n sobre alguna amenaza, un equipo de coordinaci\u00f3n del Minjus realiza una mesa de trabajo con autoridades y actores vinculados a asociaciones de derechos humanos. El objetivo aqu\u00ed es determinar si, efectivamente, existe una situaci\u00f3n de riesgo y si es preciso activar el protocolo.\u00a0El plazo para esta evaluaci\u00f3n es de 10 d\u00edas.<\/strong>\u00a0Entonces, se genera una alerta, el Minjus la traslada a la polic\u00eda y pide tres cosas: presencia de agentes en la zona, seguridad personal para el afectado si fuera alto el nivel de alerta y, en caso sea necesario, el traslado de la persona amenazada. El funcionario indica que el paso siguiente es buscar informaci\u00f3n de la\u00a0Defensor\u00eda del Pueblo<\/a>\u00a0sobre zonas seguras y coordinar con algunas organizaciones de la sociedad civil que puedan ayudar con fondos para la seguridad y traslado.<\/p>\n \u201cEl protocolo es un instrumento de pol\u00edtica p\u00fablica bien intencionado pero que tiene una serie de limitaciones y no ha cumplido con sus objetivos trazados. Si bien, el Minjus logra alertar as\u00ed a diferentes entidades del Estado, no obliga a actuar al Ministerio del Interior cuando m\u00e1s se necesita de presencia policial para asegurar condiciones de protecci\u00f3n\u201d, opina \u00c1lvaro M\u00e1squez Salvador, especialista legal del \u00e1rea de Litigio Constitucional y Pueblos Ind\u00edgenas del IDL.<\/p>\n Vladimir Pinto, representante de la ONG\u00a0Amazon Watch<\/a>\u00a0en el Per\u00fa, anota que el Minjus no puede vigilar que las garant\u00edas se otorguen de manera permanente y, en algunos casos, aquellas no est\u00e1n pensadas en las causas que generan estas amenazas: falta de titulaci\u00f3n o existencia de organizaciones criminales.<\/p>\n En una entrevista con Mongabay Latam, la abogada Alicia Abanto, adjunta de la Defensor\u00eda del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios P\u00fablicos y Pueblos Ind\u00edgenas, consider\u00f3 que hay un avance del Estado en el reconocimiento del problema, pero en los territorios donde ocurren las amenazas\u00a0la protecci\u00f3n todav\u00eda no es efectiva.<\/strong><\/p>\n Por esta raz\u00f3n, M\u00e1squez sostiene que el protocolo ha sido concebido m\u00e1s para una realidad urbana y que esto es b\u00e1sico para entender por qu\u00e9 hasta ahora no le ha servido a los defensores ind\u00edgenas. \u201cNo hay un presupuesto que permita a las autoridades del Minjus viajar a las comunidades para verificar una situaci\u00f3n\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/imgs.mongabay.com\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2021\/01\/23160456\/INDIGENAS-FISCAL-FEMA-1-768x512.jpg\")
Escalada de violencia<\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/imgs.mongabay.com\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2020\/12\/01225211\/SANTA-MARTHA-3-768x512.jpg\")
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![\"TERRITORIO.](\"https:\/\/imgs.mongabay.com\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2018\/09\/25202318\/CHOTA.jpg\")
Protocolo insuficiente<\/h3>\n
![\"Santa](\"https:\/\/imgs.mongabay.com\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2020\/10\/20040842\/palma-peru-6-WhatsApp-Image-2020-09-17-at-2.01.34-AM-768x512.jpeg\")
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