![\"\"](\"http:\/\/www.correodelcaroni.com\/images\/Imagenes\/Fotos2019\/Julio2019\/dia030719\/Gas.jpg\")
<\/div>\nmramirezcabello@gmail.com<\/a><\/span><\/p>\n <\/p>\n La organizaci\u00f3n venezolana Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos, cuya misi\u00f3n es la promoci\u00f3n y defensa de los derechos humanos ambientales, envi\u00f3 una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que exponen el intenso y continuo deterioro ambiental en el pa\u00eds que, consideran, es un componente significativo de los factores generadores de la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela.<\/p>\n El severo d\u00e9ficit en el suministro de agua, la degradaci\u00f3n de las cuencas, el deterioro de los sistemas de distribuci\u00f3n, la ineficiente recolecci\u00f3n de los desechos s\u00f3lidos, el desabatecimiento de gas, la actividad minera sin control, la opacidad informativa y la falta de planes para mitigar el cambio clim\u00e1tico son algunos de los puntos que la organizaci\u00f3n explica en el comunicado.<\/p>\n<\/div>\n La organizaci\u00f3n destaca que Venezuela fue un pa\u00eds pionero en la regi\u00f3n al desarrollar un marco legal y una estructura institucional dirigida a mitigar el deterioro ambiental producto de los proyectos de desarrollo, as\u00ed como en construir sistemas nacionales de gesti\u00f3n de los recursos ambientales. Sin embargo, advierten que en los \u00faltimos a\u00f1os \u201cel desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en simult\u00e1neo y concordancia con la exacerbaci\u00f3n del extractivismo minero, ha generado una grave crisis ambiental, la cual puede ser descrita desde cuatro facetas cuyos efectos se superponen y se retroalimentan\u201d.<\/p>\n Estas cuatro perspectivas se fundamentan en que se ha producido un grave deterioro de los servicios p\u00fablicos ambientales, as\u00ed como de los programas de gesti\u00f3n y control ambiental; el Estado est\u00e1 impulsando un desarrollo minero generador de destrucci\u00f3n y graves violaciones a los derechos humanos; se est\u00e1 produciendo un aumento de la vulnerabilidad social ante desastres de origen socionatural y tecnol\u00f3gico, mientras que en paralelo el Estado niega el derecho al acceso a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n y a la justicia en asuntos ambientales, as\u00ed como a una educaci\u00f3n ambiental de calidad.<\/p>\n Clima21 indica que el Ejecutivo venezolano no tiene pol\u00edticas para articular la sostenibilidad ambiental con los grandes temas econ\u00f3micos y sociales, a la par de que se carece de informaci\u00f3n sobre la existencia de programas o acciones sistem\u00e1ticas para promover la sostenibilidad ambiental en \u00e1reas prioritarias para el pa\u00eds como la producci\u00f3n petrolera, energ\u00e9tica, agr\u00edcola, industrial o minera.<\/p>\n De hecho, enfatizan que la acci\u00f3n del gobierno es en muchos casos \u201ccontraria al compromiso nacional y responsabilidad global de mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico\u201d, con situaciones como el aval al extractivismo minero que ha contribuido a la deforestaci\u00f3n de bosques y contaminaci\u00f3n de aguas con potentes t\u00f3xicos como el mercurio.<\/p>\n A juicio de la organizaci\u00f3n, es indudable que el deterioro ambiental como pieza clave de los factores generadores de la emergencia humanitaria compleja que afecta el pa\u00eds \u201crepercute en una violaci\u00f3n masiva de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, vida, trabajo, seguridad, informaci\u00f3n, participaci\u00f3n, desarrollo y ambiente sano, entre otros\u201d.<\/p>\n De all\u00ed que solicite a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no solo incluir la tem\u00e1tica medio-ambiental en sus consideraciones, sino que exija al gobierno que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos ambientales, acate las normas constitucionales y legales del pa\u00eds y los tratados internacionales.<\/p>\n A continuaci\u00f3n el texto completo de la carta:<\/p>\n <\/p>\n Dra. Michelle Bachelet. Ante todo queremos expresar nuestro agradecimiento por su primera visita a Venezuela y desearle el mayor de los \u00e9xitos en el cumplimiento de sus objetivos en la misma.<\/p>\n Como usted sabe, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoci\u00f3 que \u201cUn medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida, la salud, la alimentaci\u00f3n, el agua y el saneamiento\u201d.<\/p>\n Por ello, y en ocasi\u00f3n de su visita a Venezuela, desde Clima21 \u2013 Ambiente y Derechos Humanos, una organizaci\u00f3n venezolana cuya misi\u00f3n es la promoci\u00f3n y defensa de los derechos humanos ambientales, quiere aprovechar la oportunidad para hacerle llegar un resumen de la situaci\u00f3n ambiental existente en el pa\u00eds y su relaci\u00f3n con graves violaciones a derechos humanos en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que vive el pa\u00eds.<\/p>\n La informaci\u00f3n que aqu\u00ed presentamos es el resultado de un trabajo colectivo realizado en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, as\u00ed como con investigadores de diferentes universidades y centros de investigaci\u00f3n.<\/p>\n Venezuela fue un pa\u00eds pionero en la regi\u00f3n al desarrollar un marco legal y una estructura institucional dirigida a mitigar el deterioro ambiental producto de los proyectos de desarrollo, as\u00ed como en construir sistemas nacionales de gesti\u00f3n de los recursos ambientales. En los \u00faltimos a\u00f1os, el desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en simult\u00e1neo y concordancia con la exacerbaci\u00f3n del extractivismo minero, ha generado una grave crisis ambiental, la cual puede ser descrita desde cuatro facetas cuyos efectos se superponen y se retroalimentan:<\/p>\n 1. Se ha producido un grave deterioro de los servicios p\u00fablicos ambientales, as\u00ed como de los programas de gesti\u00f3n y control ambiental.<\/p>\n En Venezuela no est\u00e1 garantizado el derecho al agua potable<\/em>. El 82% de la poblaci\u00f3n y el 79% de los hospitales no reciben agua de forma continua. El 23% de los estudiantes m\u00e1s pobres no asisten a clases por falta de agua. Regiones enteras tales como las pen\u00ednsulas de Paraguan\u00e1, La Guajira, el estado Nueva Esparta y gran parte de las regiones llaneras, as\u00ed como sectores y comunidades de bajos recursos en diversas ciudades y pueblos de Venezuela, sufren de esquemas de racionamiento inhumanos o no reciben suministro por per\u00edodos extremadamente largos. Luego del agravamiento de la crisis el\u00e9ctrica en marzo de este a\u00f1o, la situaci\u00f3n ha venido empeorando continuamente sin que el Estado tome medidas efectivas para la soluci\u00f3n de estos problemas.<\/p>\n No hay garant\u00eda de la calidad del agua que se suministra a la poblaci\u00f3n. Seg\u00fan la informaci\u00f3n disponible, en el pa\u00eds no se est\u00e1n realizando las pr\u00e1cticas normales para garantizar la calidad del agua y actualmente ninguna de las plantas de tratamiento existentes est\u00e1 funcionando. Existen m\u00faltiples evidencias de que el agua que se suministra a la poblaci\u00f3n, tanto a trav\u00e9s de los sistemas de acueductos as\u00ed como por otras v\u00edas no cumple con los est\u00e1ndares nacionales, ni internacionales para ser apta para el consumo humano. Est\u00e1 documentado el hecho de que la contaminaci\u00f3n de las aguas en Venezuela es la causa primaria de la persistencia y expansi\u00f3n de enfermedades tales como amibiasis, diarreas, giardiasis, helmintiasis y hepatitis aguda Tipo A, entre otras.<\/p>\n Se est\u00e1 produciendo una grave degradaci\u00f3n ambiental en todas las cuencas generadoras de agua. Los programas de gesti\u00f3n de cuencas y el control de las actividades que generan deterioro en las mismas est\u00e1n pr\u00e1cticamente abandonados. Entre 2001 y 2017 Venezuela perdi\u00f3 casi 2 millones de hect\u00e1reas de bosques, gran parte de esta disminuci\u00f3n ocurri\u00f3 en cuencas utilizadas para la captaci\u00f3n de agua para consumo humano. Ello representa una amenaza grave para el futuro del derecho al agua en Venezuela.<\/p>\n Existe un proceso de deterioro generalizado de los sistemas de distribuci\u00f3n de aguas. La falta de mantenimiento, el manejo inadecuado y la corrupci\u00f3n ha producido que los sistemas de captaci\u00f3n, almacenamiento y distribuci\u00f3n est\u00e9n muy deteriorados lo que genera frecuentes aver\u00edas y paradas en el abastecimiento del l\u00edquido.<\/p>\n La gesti\u00f3n de desechos s\u00f3lidos es insuficiente e inequitativa<\/em>. La creciente ineficacia asociada a la gesti\u00f3n de desechos s\u00f3lidos est\u00e1 incrementando las enfermedades dermatol\u00f3gicas, respiratorias, al\u00e9rgicas e infecciosas y pone en peligro muchos ecosistemas. Las comunidades de menores recursos econ\u00f3micos son los sitios donde la recogida de desechos es menos frecuente o inexistente, obligando a sus residentes a la constante exposici\u00f3n a ambientes insalubres. Pr\u00e1cticamente todos los sitios de disposici\u00f3n final de desechos s\u00f3lidos son vertederos a cielo abierto donde no se realiza ning\u00fan procedimiento para evitar la contaminaci\u00f3n generada por la acumulaci\u00f3n de los mismos. Adicionalmente, en la mayor parte del pa\u00eds, no hay pol\u00edticas ni programas efectivos para el tratamiento y disposici\u00f3n de desechos peligrosos ni hospitalarios.<\/p>\n No hay controles efectivos sobre actividades que generan da\u00f1o ambiental<\/em>. En la gran mayor\u00eda de los proyectos de desarrollo se omite el requisito constitucional de realizaci\u00f3n previa de estudios de impacto ambiental y sociocultural. La ineficiencia, la corrupci\u00f3n y las decisiones arbitrarias en las instituciones ambientales impiden, obstaculizan o tergiversan las labores de supervisi\u00f3n y control de las actividades generadoras de da\u00f1o ambiental. No existe informaci\u00f3n disponible sobre niveles de contaminaci\u00f3n atmosf\u00e9rica, de suelos, ni aguas, ni tampoco de otros procesos de deterioro ambiental. Tampoco existe informaci\u00f3n sobre programas en ejecuci\u00f3n para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios de Estocolmo (contaminantes org\u00e1nicos persistentes) Rotterdam (comercio de productos qu\u00edmicos peligrosos) ni la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificaci\u00f3n, entre otros.<\/p>\n Hay un grave retroceso en los programas de gesti\u00f3n de la diversidad biol\u00f3gica<\/em>. El Estado venezolano ha perdido la capacidad para gestionar las \u00e1reas naturales protegidas del pa\u00eds. La mayor\u00eda de las mismas no tienen programas efectivos para garantizar su protecci\u00f3n. Estas \u00e1reas est\u00e1n siendo sometidas a usos, desarrollo de infraestructura y explotaci\u00f3n contraria a sus objetivos de conservaci\u00f3n, incluyendo la creciente mercantilizaci\u00f3n de sus territorios y recursos. Los programas para el manejo de la diversidad biol\u00f3gica, principalmente en el caso de la protecci\u00f3n de especies y ecosistemas amenazados, as\u00ed como el control de especies ex\u00f3ticas est\u00e1n pr\u00e1cticamente abandonados. Debido a estas situaciones est\u00e1 aumentando de manera acelerada la deforestaci\u00f3n, la sobreexplotaci\u00f3n de recursos biol\u00f3gicos, el deterioro de ecosistemas naturales tanto terrestres como marinos y el deterioro de las contribuciones de la naturaleza a la sociedad. Como consecuencia de estas situaciones, se est\u00e1 produciendo una grave merma en los recursos pesqueros, as\u00ed como de otros recursos naturales de inter\u00e9s social y econ\u00f3mico. Muchas de estas situaciones est\u00e1n afectando derechos humanos incluidos los derechos a la vida, a la salud, al alimento, a la seguridad, al agua, a la vivienda, a la cultura y a un ambiente sano.<\/p>\n El desabastecimiento de gas dom\u00e9stico est\u00e1 teniendo efectos sobre la salud y el ambiente<\/em>. Aunque no se cuenta con datos precisos sobre la magnitud de esta situaci\u00f3n, un n\u00famero probablemente alto de familias en sectores populares en todo el pa\u00eds est\u00e1 usando le\u00f1a para cocinar. El uso de este combustible tiene efectos sobre la salud de las personas que lo utilizan, principalmente mujeres y los ni\u00f1os que est\u00e1n en las casas. Asimismo la inhalaci\u00f3n de humo por parte de mujeres gestantes puede producir trastornos en el desarrollo del feto. Por otra parte, la extracci\u00f3n creciente de le\u00f1a para cocinar contribuye a la deforestaci\u00f3n, a la degradaci\u00f3n ambiental y aumenta los riesgos de deslaves, derrumbes, incendios, inundaciones y otros eventos adversos.<\/p>\n El Estado no parece tener pol\u00edticas para articular la sostenibilidad ambiental con los grandes temas econ\u00f3micos y sociales. No se tiene informaci\u00f3n sobre la existencia de programas o acciones sistem\u00e1ticas para promover la sostenibilidad ambiental en \u00e1reas prioritarias para el pa\u00eds como la producci\u00f3n petrolera, energ\u00e9tica, agr\u00edcola, industrial o minera. Tampoco sobre la articulaci\u00f3n de las contribuciones de la naturaleza con temas como la lucha contra la pobreza y el hambre, salud humana, sostenibilidad urbana, etc.<\/p>\n La acci\u00f3n del gobierno es en muchos casos contraria al compromiso nacional y responsabilidad global de mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico. Ello es m\u00e1s evidente en el caso del incremento de las tasas de deforestaci\u00f3n producto de la miner\u00eda, las cuales afectan negativamente la capacidad de las selvas amaz\u00f3nicas para mitigar el cambio clim\u00e1tico. Asimismo, la industria petrolera nacional es actualmente generadora de emisiones comparativamente altas de gases de efectos invernadero, incluyendo gas metano que es liberado sin control en las zonas de explotaci\u00f3n petrolera.<\/p>\n 2. El Estado est\u00e1 impulsando un desarrollo minero generador de destrucci\u00f3n y graves violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n Las actividades mineras actuales no tienen ning\u00fan control<\/em>. En la mayor parte de los casos no se cumplen las garant\u00edas constitucionales, ni las normas legales ambientales, ni se respetan los derechos de las comunidades locales. Existe un solapamiento de funciones impropio en la instituci\u00f3n promotora de la miner\u00eda, que a su vez debe fijar normas y controles ambientales. En ning\u00fan caso se hace la valoraci\u00f3n de los costos ambientales y sociales generados por la actividad minera.<\/p>\n La actividad minera est\u00e1 expandi\u00e9ndose en todo el territorio nacional. La misma ha ido creciendo de manera acelerada en cada vez m\u00e1s espacios territoriales. Actualmente esta actividad afecta no s\u00f3lo el territorio demarcado en el decreto de creaci\u00f3n de la \u201cZona de Desarrollo Estrat\u00e9gico Nacional Arco Minero del Orinoco\u201d, sino al resto de la Guayana venezolana. En un estudio reciente, realizado en toda la Amazon\u00eda, se encontr\u00f3 que de los 2.312 puntos de miner\u00eda ilegal detectados, m\u00e1s del 80% est\u00e1n en Venezuela.<\/p>\n Asimismo, en los \u00faltimos a\u00f1os comienzan a realizarse explotaciones mineras realizadas por el gobierno en estados situados al norte del Orinoco, incluyendo los estados Carabobo, Cojedes, T\u00e1chira, M\u00e9rida y Lara. En todos estos casos con objetivos econ\u00f3micos poco claros, grave deterioro ambiental y generando conflictos con las comunidades locales.<\/p>\n El deterioro ambiental est\u00e1 aceler\u00e1ndose como consecuencia de la expansi\u00f3n de la miner\u00eda<\/em>. Entre los a\u00f1os 2000 y 2015 como consecuencia de esta actividad fueron destruidos un total de 5.266 kil\u00f3metros cuadrados de vegetaci\u00f3n, siendo el pa\u00eds de la regi\u00f3n amaz\u00f3nica con mayor crecimiento de su tasa de deforestaci\u00f3n. Este proceso ha afectado bosques en las cuencas de los r\u00edos Cuyun\u00ed, Caron\u00ed, Caura, Paragua, as\u00ed como gran parte del Alto Orinoco y sus r\u00edos afluentes. Igualmente, todos los parques nacionales localizados al sur del Orinoco est\u00e1n siendo gravemente deteriorados como consecuencia de la actividad minera realizada dentro de sus l\u00edmites. Todo ello, sin que en ninguno de estos casos se conozcan de acciones efectivas por parte del Gobierno nacional para controlar estas situaciones.<\/p>\n La actividad minera viola los derechos a un ambiente sano y a la salud. En el 2018 en Venezuela la epidemia de malaria afect\u00f3 a m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de personas, pudi\u00e9ndose alcanzar los 2 millones de casos este a\u00f1o. Asimismo, se calcula que 16 millones de venezolanos est\u00e1n en riesgo de contraer esta enfermedad. Se ha evidenciado que este crecimiento exponencial de casos est\u00e1 asociado en gran medida a la degradaci\u00f3n ambiental producida por la actividad minera.<\/p>\n Por otra parte, el uso del mercurio en la miner\u00eda es generalizado a pesar de que fue prohibido por decreto presidencial y que el Gobierno venezolano firm\u00f3 (pero no ha ratificado) el Convenio de Minamata. Por ello, se ha evidenciado que gran cantidad de personas incluyendo mineros, habitantes de comunidades cercanas a las minas y comunidades ind\u00edgenas, incluyendo mujeres en edad f\u00e9rtil y ni\u00f1os, est\u00e1n gravemente afectados por la exposici\u00f3n a este elemento y sus compuestos derivados.<\/p>\n Tal situaci\u00f3n se agrava debido a que los peces usados en la alimentaci\u00f3n humana en todas las cuencas importantes de Guayana presentan niveles de mercurio por encima de las recomendaciones de la OMS. Por tales razones, es posible que un n\u00famero muy alto de personas tanto en las regiones mineras, as\u00ed como en otros territorios, dentro como fuera del pa\u00eds, est\u00e9n en riesgo o ya est\u00e9n afectados por la exposici\u00f3n al mercurio. No existe informaci\u00f3n sobre la existencia de programas gubernamentales para controlar el uso del mercurio, mitigar la contaminaci\u00f3n producida, ni atender a las personas afectadas. Adicionalmente, la actividad minera ha sido asociada con el aumento y expansi\u00f3n de patolog\u00edas como enfermedades de transmisi\u00f3n sexual, difteria y el sarampi\u00f3n, entre otras.<\/p>\n La miner\u00eda afecta gravemente los derechos de los pueblos ind\u00edgenas<\/em>. En el contexto de la expansi\u00f3n de la actividad minera, los pueblos y comunidades ind\u00edgenas est\u00e1n siendo sometidas a esclavitud moderna, explotaci\u00f3n sexual, destrucci\u00f3n y substituci\u00f3n de sus pr\u00e1cticas econ\u00f3micas y patrones alimenticios tradicionales. Igualmente, sufren de desplazamiento forzoso, p\u00e9rdida de sus culturas, aumento de su vulnerabilidad a enfermedades y exposici\u00f3n a contaminantes tales como el mercurio as\u00ed como a los efectos de la degradaci\u00f3n ambiental. Adicionalmente, las comunidades ind\u00edgenas son el grupo m\u00e1s vulnerable a sufrir de agresiones, persecuciones y atentados contra sus vidas.<\/p>\n Un n\u00famero importante de l\u00edderes y otros integrantes de las etnias ind\u00edgenas venezolanas han sido asesinados o agredidos en el contexto de conflictos por sus tierras. En ninguno de estos casos el Estado venezolano ha realizado acciones efectivas para evitar estas situaciones, atender a las v\u00edctimas, sancionar a los autores, ni facilitar las condiciones para obtener reparaciones. Por lo contrario, actualmente existe una escalada de violencia contra las comunidades ind\u00edgenas en muchos casos con participaci\u00f3n directa de funcionarios gubernamentales.<\/p>\n La miner\u00eda sin control est\u00e1 asociada a un aumento de la actividad criminal<\/em>. Gran parte de la actividad de explotaci\u00f3n, refinamiento primario, comercializaci\u00f3n y movilizaci\u00f3n de los minerales extra\u00eddos est\u00e1 bajo control directo o indirecto de bandas armadas ilegales tanto nacionales como extranjeras. Estos grupos han sido responsables de masacres, asesinatos, cr\u00edmenes atroces, explotaci\u00f3n humana y deterioro ambiental, entre otras actividades. Por ello, Venezuela se ha convertido en un exportador de oro y otros minerales asociados a la muerte y explotaci\u00f3n de los venezolanos.<\/p>\n El Plan Nacional de Miner\u00eda 2019-2025 amenaza con incrementar las violaciones a derechos humanos ya existentes. Este plan aprobado recientemente tiene como objetivo convertir a la miner\u00eda en el eje productivo nacional. Ello se plantea aun cuando el mismo reconoce un descenso en los niveles de producci\u00f3n minera, precarizaci\u00f3n de las condiciones de vida de los mineros y comunidades aleda\u00f1as y da\u00f1o ambiental, entre otros problemas. A pesar de todo ello, plantea un aumento de la magnitud de las operaciones, incluyendo la expansi\u00f3n de los territorios y recursos minerales sujetos a explotaci\u00f3n, aumentando as\u00ed el riesgo de mayores violaciones a derechos humanos en toda la regi\u00f3n.<\/p>\n 3. Se est\u00e1 produciendo un aumento de la vulnerabilidad social ante desastres de origen socionatural y tecnol\u00f3gico.<\/p>\n Venezuela no tiene un Plan Nacional de Adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico<\/em>. La Ley de Gesti\u00f3n Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnol\u00f3gicos del 2009 estableci\u00f3 la elaboraci\u00f3n de este plan en un plazo de dos a\u00f1os posterior a su publicaci\u00f3n en Gaceta. Igualmente el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016 -2019 inclu\u00eda entre sus objetivos la elaboraci\u00f3n de este plan. Hasta la fecha no se conoce de ning\u00fan avance en la elaboraci\u00f3n del mismo.<\/p>\n El Estado no tiene pol\u00edticas sostenidas y sistem\u00e1ticas para disminuir la vulnerabilidad de la poblaci\u00f3n ante los efectos negativos del cambio clim\u00e1tico. La informaci\u00f3n existente sobre medidas de adaptaci\u00f3n realizadas hasta el momento por el gobierno es escasa. Los casos conocidos parecen ser acciones improvisadas, espor\u00e1dicas, desarticuladas y sin continuidad.<\/p>\n No se cuenta con informaci\u00f3n de que las mismas respondan a pol\u00edticas sistem\u00e1ticas, ni si tienen asignados fondos para su realizaci\u00f3n. Tampoco se conoce si cuentan con alguna instituci\u00f3n responsable de su dise\u00f1o, implementaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n o evaluaci\u00f3n de estas acciones. Esta situaci\u00f3n agrava la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de la poblaci\u00f3n frente a los efectos negativos del cambio clim\u00e1tico, que en el caso de Venezuela se prev\u00e9 incidan sobre la producci\u00f3n agr\u00edcola, la disponibilidad de agua, expansi\u00f3n de enfermedades transmisibles por vectores y un aumento del riesgo ante eventos meteorol\u00f3gicos extremos.<\/p>\n Los eventos meteorol\u00f3gicos extremos afectan de manera cada vez m\u00e1s grave a la poblaci\u00f3n. Aunque no existen datos oficiales sobre este tema, parece estarse incrementando los niveles de severidad y da\u00f1o generado por fen\u00f3menos como: inundaciones, sequ\u00edas, incendios de vegetaci\u00f3n y tormentas. Asimismo, el Estado no parece tener planes de gesti\u00f3n de riesgos que permitan disminuir la vulnerabilidad de la poblaci\u00f3n frente a estas situaciones. Un ejemplo de esta condici\u00f3n fueron las inundaciones ocurridas en el 2018 en la zona sur del pa\u00eds. Este evento afect\u00f3 a cientos de miles de personas en al menos seis estados. En todos los casos, las respuestas del gobierno para atender a las poblaciones afectadas fueron muy deficientes.<\/p>\n Se est\u00e1 produciendo un aumento del n\u00famero de accidentes de origen tecnol\u00f3gico. Cada vez parecen ser m\u00e1s frecuentes eventos tales como derrames de hidrocarburos, explosiones, incendios y otros eventos en el interior o en las inmediaciones de instalaciones petroleras. Algunos de los mismos han generado p\u00e9rdida de vidas humanas, as\u00ed como da\u00f1os a la salud de personas, al ambiente y a bienes e infraestructura.<\/p>\n La actuaci\u00f3n de los organismos responsables en los eventos ocurridos en los \u00faltimos a\u00f1os parecen evidenciar la ausencia o deficiencias en los planes de control y seguridad de las empresas involucradas, as\u00ed como en muchos casos negligencia, incapacidad t\u00e9cnica y corrupci\u00f3n. Asimismo, en la mayor parte de estas situaciones, los da\u00f1os y violaciones a los derechos de las personas afectadas son ignorados o menospreciados.<\/p>\n El Estado tiene una baja capacidad para monitorear la variabilidad clim\u00e1tica<\/em>. Diversos especialistas han denunciado el deterioro de la red nacional de estaciones meteorol\u00f3gicas as\u00ed como la p\u00e9rdida de datos climatol\u00f3gicos hist\u00f3ricos. Debido a ello, resulta muy dif\u00edcil realizar estudios predictivos y modelaje de la variabilidad clim\u00e1tica, al igual que el monitoreo de las consecuencias del cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n 4. El Estado niega el derecho al acceso a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n y a la justicia en asuntos ambientales, as\u00ed como a una educaci\u00f3n ambiental de calidad.<\/p>\n El Estado tiene una pol\u00edtica de opacidad informativa<\/em>. Por ello, la poblaci\u00f3n venezolana no tiene acceso a informaci\u00f3n ambiental relevante para la toma de decisiones. Esta situaci\u00f3n es cr\u00edtica al no existir informaci\u00f3n en materia de acceso al agua, niveles de contaminaci\u00f3n, pol\u00edticas ambientales y proyectos que pueden afectar derechos de las personas. Esta situaci\u00f3n es agravada por la difusi\u00f3n por parte del gobierno de informaci\u00f3n falsa, insuficiente o pol\u00edticamente manipulada.<\/p>\n El Estado obstaculiza la generaci\u00f3n de informaci\u00f3n ambiental<\/em>. Ello ocurre a trav\u00e9s de una pol\u00edtica de estrangulamiento econ\u00f3mico, desmantelamiento progresivo y permanente hostigamiento contra las universidades existentes en el pa\u00eds. Producto de esta situaci\u00f3n, ha venido mermando la capacidad de estas instituciones para generar informaci\u00f3n cient\u00edfica. Por ello, se est\u00e1 produciendo un enorme d\u00e9ficit de informaci\u00f3n actualizada sobre la situaci\u00f3n ambiental del pa\u00eds.<\/p>\n El Ejecutivo nacional mantiene una pol\u00edtica de segregaci\u00f3n y exclusi\u00f3n por razones pol\u00edticas. A trav\u00e9s de las mismas se coarta el derecho a la participaci\u00f3n a personas, comunidades y especialistas en la toma de decisiones relacionadas con actividades que pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, incluyendo efectos sobre la salud y otros derechos humanos. En el contexto de estas pol\u00edticas, se han producido amenazas y hostigamiento contra algunas organizaciones y personas defensoras del ambiente. Asimismo, el Ejecutivo nacional limita y obstaculiza las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que documentan, denuncian y divulgan violaciones a los derechos humanos ambientales.<\/p>\n El Estado obstaculiza la posibilidad de solucionar conflictos ambientales mediante procedimientos judiciales<\/em>. El Gobierno nacional obstaculiza la posibilidad de que personas, comunidades y organizaciones accedan a la justicia en temas ambientales. En los casos en que se ha intentado recurrir a estas v\u00edas, las respuestas han sido generalmente negativas o se posterga indefinidamente la respuesta a los requerimientos realizados.<\/p>\n El Gobierno nacional se neg\u00f3 a participar en el desarrollo del Acuerdo de Escaz\u00fa. En tal sentido no tiene previsto firmarlo, ni participar en un futuro de este instrumento de protecci\u00f3n de los derechos de acceso a la informaci\u00f3n, participaci\u00f3n y acceso a la justicia, as\u00ed como a mecanismos para la protecci\u00f3n a los defensores de derechos ambientales.<\/p>\n El Estado menoscaba el derecho de la poblaci\u00f3n a recibir una educaci\u00f3n ambiental de calidad<\/em>. El ministerio de Ecosocialismo renunci\u00f3 en la pr\u00e1ctica a la competencia que ten\u00eda el anterior ministerio del Ambiente de ser ente rector y promotor de las pol\u00edticas de educaci\u00f3n ambiental del pa\u00eds. Esta situaci\u00f3n ha generado un retroceso en la capacidad del Estado para promover conciencia y acci\u00f3n ambiental a trav\u00e9s de la educaci\u00f3n. Por otra parte, los contenidos ambientales presentes en los programas de educaci\u00f3n b\u00e1sica y media en Venezuela en la mayor parte de los casos son inadecuados, insuficientes y pedag\u00f3gicamente inconvenientes.<\/p>\n A estas situaciones habr\u00eda que agregar que actualmente el n\u00famero y capacidades de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos ambientales resultan insuficientes frente a los retos actuales y cuentan con muy pocos recursos humanos y financieros.<\/p>\n Por ello, se dificulta la capacidad de las mismas para realizar la labor de documentaci\u00f3n, divulgaci\u00f3n y denuncia, lo que se ve m\u00e1s complejizado por la muy amplia gama de situaciones, tem\u00e1ticas y territorios del pa\u00eds, as\u00ed como el contexto restrictivo derivado de la emergencia humanitaria compleja.<\/p>\n Como conclusi\u00f3n de este resumen, resulta indudable que el deterioro ambiental es un componente significativo de los factores generadores de la emergencia humanitaria compleja que afecta el pa\u00eds y que tal situaci\u00f3n est\u00e1 generando da\u00f1os graves a la poblaci\u00f3n. Todo ello, repercute en una violaci\u00f3n masiva de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, vida, trabajo, seguridad, informaci\u00f3n, participaci\u00f3n, desarrollo y ambiente sano, entre otros.<\/p>\n De igual forma, la incapacidad del Estado para resolver esta crisis ambiental est\u00e1 generando graves rezagos y retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.<\/p>\n En raz\u00f3n a todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos respetuosamente atender a los siguientes requerimientos:<\/p>\n – Procurar que el trabajo de seguimiento y evaluaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de los derechos humanos en Venezuela, as\u00ed como los futuros informes que sean realizados por su oficina, incluyan la tem\u00e1tica medio-ambiental como un elemento clave en sus consideraciones.<\/p>\n – Exigir al Gobierno nacional que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos ambientales, acate las normas constitucionales y legales del pa\u00eds en esta tem\u00e1tica, as\u00ed como respete y cumpla los tratados internacionales de los cuales nuestro pa\u00eds es signatario.<\/p>\n – Promover mecanismos permanentes de comunicaci\u00f3n, intercambio y apoyo entre los funcionarios de su oficina a cargo de la evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de derechos humanos de Venezuela y las organizaciones de la sociedad civil venezolana que realizan labores de monitoreo de las violaciones a los derechos humanos ambientales.<\/p>\n – Impulsar mecanismos que aseguren la protecci\u00f3n tanto de los defensores de derechos humanos ambientales, as\u00ed como de las personas y comunidades que luchan por la defensa de los derechos de sus territorios ancestrales y culturas.<\/p>\n Agradeciendo de antemano su apoyo y solidaridad,<\/p>\n Por\u00a0Clima21 \u2013 Ambiente y Derechos Humanos<\/p>\n Dr. Alejandro \u00c1lvarez Iragorry\n\n
\n <\/td>\n Caracas, 26 de junio de 2019<\/p>\n
\nAlta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
\nPresente.<\/p>\n
\nCoordinador<\/p>\n