![\"Derrame](\"https:\/\/cdnmundo3.img.sputniknews.com\/img\/103758\/31\/1037583197_0:371:3500:2265_1000x541_80_0_0_bb408936688edcfd9b7da0489a96d157.jpg.webp\")
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Sputnik,
\nAm\u00e9rica Latina
\n29 de septiembre, 2020<\/p>\n
QUITO (Sputnik) \u2014 Nativos de la amazon\u00eda ecuatoriana pidieron que se investigue la demora, por parte de un juez de la provincia Orellana (este), para notificar un fallo dictado hace un mes que neg\u00f3 una acci\u00f3n de protecci\u00f3n planteada contra el Estado por un derrame de crudo sucedido el 7 de abril.<\/p>\n<\/div>\n
\u00abEl d\u00eda 1 de septiembre, el juez Jaime O\u00f1a dio lectura al fallo que favorece a las empresas Petroecuador y OCP (Oleoducto de Crudos Pesados); sin embargo, hasta hoy los kichwas no tenemos la notificaci\u00f3n formal, por escrito, para apelar y ejercitar nuestro derecho a la defensa\u00bb, dijo a periodistas Carlos Jipa, presidente de la Federaci\u00f3n de Comunas de Nativos de la Amazon\u00eda Ecuatoriana (Fcunae).<\/p><\/blockquote>\n
La sentencia \u00edntegra debi\u00f3 ser notificada en un plazo de 15 d\u00edas.<\/p>\n
Junto con delegados de ind\u00edgenas Kichwa, Jipa mantuvo una reuni\u00f3n con autoridades del Consejo de la Judicatura (el \u00f3rgano administrativo de la Funci\u00f3n Judicial), a quienes entregaron los argumentos sobre la dilaci\u00f3n sufrida durante el proceso, cuya audiencia de juzgamiento fue suspendida por m\u00e1s de 70 d\u00edas desde el 1 de abril, cuando la acci\u00f3n fue planteada por la Fcunae.<\/p>\n
El documento insta al Consejo de la Judicatura (CJ) a investigar las causas de la demora, que\u00a0vulnerar\u00eda los derechos de 27.000 habitantes<\/strong>\u00a0de comunidades ubicadas en las riberas de los r\u00edos amaz\u00f3nicos Coca y Napo, afectados por el derrame de petr\u00f3leo provocado por\u00a0la rotura de dos oleoductos<\/a>\u00a0propiedad de las estatal Petroecuador y de la compa\u00f1\u00eda privada OCP.<\/p>\n
Seg\u00fan la abogada Viviana Idrovo, de la Red de Derechos Humanos del Ecuador, la dilatoria evidenciar\u00eda que\u00a0existe parcializaci\u00f3n por parte de la justicia<\/strong>\u00a0para favorecer a las empresas responsables del vertido.<\/p>\n
La sede del CJ, ubicada en el norte de la capital Quito (norte), estuvo el\u00a029 de septiembre\u00a0resguardada por tanquetas blindadas de la Polic\u00eda<\/strong>, mientras en los exteriores de la edificaci\u00f3n un grupo de hombres y mujeres\u00a0Kichwa<\/a>\u00a0se manifestaban pac\u00edficamente haciendo sonar tambores y pitos para llamar la atenci\u00f3n de los transe\u00fantes.<\/p>\n
Varios comuneros llegados desde la provincia de Orellana denunciaron que efectivos policiales\u00a0obstaculizaron su ingreso a la capital<\/strong>\u00a0durante cinco horas.<\/p>\n
Los uniformados habr\u00edan alegado que los comuneros no pod\u00edan ingresar en la ciudad portando lanzas, al catalogar a dichos artefactos como armas blancas, se\u00f1alaron los manifestantes.<\/p>\n
El inconveniente se resolvi\u00f3 con la intervenci\u00f3n del comandante general de la Polic\u00eda.<\/p>\n