La directora ejecutiva de Fundación EcoCiencia, Carmen Josse, advierte que, aunque la Amazonía ecuatoriana mantiene cerca del 80% de su cobertura boscosa y no se encuentra aún en un punto de no retorno, enfrenta presiones crecientes por actividades extractivas, muchas de ellas ilegales, que generan graves impactos ambientales y sociales, especialmente en territorios indígenas. Destaca que la titulación de estos territorios y el respeto a su planificación,  así como la creación de áreas protegidas son estrategias altamente efectivas para la conservación, y subraya la importancia de contar con datos precisos para orientar políticas públicas, monitorear compromisos climáticos y fortalecer mecanismos de financiamiento por servicios ecosistémicos.

En la Amazonía ecuatoriana, el 81% del carbono forestal se encuentra en territorios indígenas y áreas naturales protegidas. Entre 2000 y 2023 se perdieron, considerando el cambio neto entre pérdidas y ganancias, alrededor de 50 MtC, lo que corresponde al 3% del stock almacenado en el año 2000. Comparativamente, esta cifra es menor al porcentaje de pérdida para toda la cuenca amazónica (entre 6% y 7%), pero sigue siendo significativa.

¿Qué lectura hace de estas cifras y qué tan críticas resultan estas presiones para el futuro de la Amazonía?

En la Amazonía ecuatoriana, el área minera activa alcanzó una superficie total de 7.495 hectáreas al 2021; posiblemente en la actualidad el número esté cerca de 9.000 hectáreas. En términos porcentuales, esto representa una porción muy pequeña respecto al área total. Sin embargo, al igual que ocurre con la actividad petrolera —más allá de los bloques, considerando la infraestructura y su ocupación—, el problema no es la superficie, sino el impacto ambiental y social que conllevan estas actividades. En Ecuador, además, una parte importante de estas se desarrolla dentro de territorios indígenas.

En el plano ambiental, los impactos incluyen la contaminación por metales pesados en suelos y aguas, así como la destrucción de ecosistemas acuáticos por la remoción de sedimentos, especialmente en la minería de oro en zonas aluviales o fluviales. Actualmente existe un grave problema de economías ilegales vinculadas a la minería aurífera, lo que implica ausencia de regulación y responsabilidad ambiental y social, generando impactos severos. En cuanto a la actividad petrolera, la falta de mantenimiento adecuado, entre otros factores, ha provocado numerosos derrames que afectan principalmente a comunidades indígenas y poblaciones cercanas.

El Proyecto Ciencia y Saber Indígena por la Amazonía desarrollado por la RAIGS muestra que la titulación de territorios indígenas y la creación de áreas protegidas son las estrategias más efectivas para prevenir la deforestación y la degradación. ¿Por qué considera que estos mecanismos resultan tan eficaces y qué desafíos existen para fortalecerlos?

En el caso de las áreas protegidas, su objetivo es precisamente delimitar espacios para la conservación. Al ser designadas por el Estado, cuentan con fines claros, restricciones de uso y un presupuesto para su gestión. Los datos muestran que, en gran medida, cumplen su función, lo cual es positivo, especialmente considerando que en muchos países los recursos son insuficientes y el control puede ser débil.

Respecto a los territorios indígenas titulados, múltiples estudios evidencian su alta efectividad en la conservación, especialmente en indicadores como el cambio de cobertura forestal y las reservas de biomasa. Esto se debe, en gran medida, a que sus habitantes conciben el territorio como un todo integral, del cual forman parte y del que dependen tanto material como espiritualmente. Sin embargo, las presiones y los intereses adversos pueden influir en el cambio de estos valores culturales.

Los bosques amazónicos enfrentan múltiples presiones como el cambio climático, la deforestación, la minería ilegal, la tala ilegal y la explotación de hidrocarburos. ¿Considera que la Amazonía se encuentra cerca de un punto de no retorno? En todo caso, ¿qué tan cerca estamos de este escenario y cuáles serían sus principales consecuencias?

Si bien existen múltiples presiones y la Amazonía ecuatoriana es relativamente pequeña en comparación con otros países de la región, el riesgo es alto. No obstante, todavía mantiene una cobertura boscosa cercana al 80%, por lo que no se considera que esté próxima a un punto de no retorno. Además, su clima es bastante húmedo y carece de estaciones secas prolongadas, lo que reduce el riesgo de incendios extensivos.

Sin embargo, sí se registran problemas significativos como la pérdida de biodiversidad y diversas formas de degradación de los ecosistemas: tala selectiva, contaminación de aguas, cacería excesiva y sobrepesca, incluso con explosivos. En la cuenca alta, los cambios hacia usos agropecuarios son más extendidos, lo que representa riesgos para los patrones de precipitación. Estas presiones generan impactos en el corto y mediano plazo, especialmente para las poblaciones amazónicas.

Desde una perspectiva nacional, la pérdida de biomasa por degradación —no solo por deforestación— podría generar emisiones que comprometan el cumplimiento de las metas climáticas del país, como las establecidas en la NDC.

El proyecto señala que contar con datos precisos facilita el diseño de políticas públicas orientadas al ordenamiento territorial y la defensa de la Amazonía. ¿Cómo pueden estos insumos traducirse en acciones concretas por parte de los gobiernos?

Estos datos permiten identificar zonas con alta densidad de carbono, lo que facilita la implementación de mecanismos de compensación o distribución de beneficios asociados a la reducción de emisiones. De este modo, los responsables o propietarios de estas áreas pueden acceder a esquemas de financiamiento por servicios ecosistémicos.

Asimismo, el monitoreo de las dinámicas de cambio ofrece información clave sobre tendencias de biomasa, emisiones y los factores que impulsan estas pérdidas. En el marco de los planes de ordenamiento territorial y otras herramientas de planificación, estos insumos permiten evaluar el cumplimiento de las políticas.

A nivel nacional, también son útiles para monitorear y evaluar los compromisos climáticos, como las NDC. Sin embargo, en muchos casos no son utilizados plenamente por no ser considerados información oficial por parte de las autoridades ambientales.

El proyecto Ciencia y Saber Indígena por la Amazonía fue implementado entre 2021 y 2025 en consorcio con la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y Woodwell Climate Research Center (WCRC), con financiamiento de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega (NICFI). El proyecto generó conocimiento científico e indígena integrado sobre la dinámica del carbono y la gobernanza en Territorios Indígenas (TI) y Áreas Naturales Protegidas (ANP).”