Desde Lima, la Quinta Cumbre Amazónica recoge una advertencia a gritos por la deforestación, que se orgina por actividades extractivas y agrícolas. Ecuador integra el grupo de países con bosques amazónicos que están en riesgo, cuyo caso se estudió en una investigación que recoge las afectaciones en esas zonas naturales de la región y que se presentó este lunes 5 de septiembre en Lima, Perú, como parte de la Quinta Cumbre Amazónica de los Pueblos Indígenas.

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El 89 % del crudo exportado desde la Amazonía proviene del Ecuador y su destino principal son los EE. UU. Más de la mitad (52 %) de la Amazonía ecuatoriana es un bloque petrolero, 31 % en Perú, 29 % en Bolivia y 28 % en Colombia, se cita en la investigación La Amazonía a Contrarreloj: Un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80 % al 2025.

La extracción petrolera es una de las actividades que genera más conflicto en la selva, por el ruido, desechos, carreteras que abren espacios para otras actividades, según los expertos. Los bloques petroleros ocupan el 9,4 % de la superficie de la Amazonía (80 millones de ha. aproximadamente). El 43 % de los bloques petroleros, se señala, están ubicados en áreas protegidas y territorios indígenas.

En el informe ejecutivo de la investigación se advierte que la pérdida de ecosistemas amazónicos impacta al planeta y a todas las formas de vida y, en una relación inversa, el cambio climático afecta las formas de vida de los pueblos indígenas, su diversidad cultural y lingüística, salud y seguridad alimentaria, y amenaza con extinguir hasta un millón de especies. Hay una relación estrecha entre los pueblos indígenas y la biodiversidad, según los expertos, porque esos grupos cumplen la función natural de guardabosques.

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“La falta de reconocimiento de las estructuras de autogobierno de las comunidades indígenas y locales en el territorio es la causa fundamental del conflicto y la violencia en la Amazonía”, se señala en el documento que fue elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), como parte de la Iniciativa “Amazonía por la Vida: protejamos 80% al 2025” y organismos coordinadores COICA y Stand.earth.

Una de las cifras que llama la atención es el impacto de la violencia hacia los líderes comunitarios indígenas: entre 2015 y el primer semestre de 2019, 232 dirigentes y activistas fueron “asesinados en la región por disputas por la tierra y recursos naturales (citado en CEPAL-FILAC 2020, 143). En 2020, esta tendencia continuó. En 2021, un tercio de todas las violaciones registradas en las Américas fueron contra defensores de los derechos ambientales, territoriales y de los pueblos indígenas”.

Los investigadores concluyeron que la protección del 80 % de la Amazonía es posible si los países de la región implementan medidas para revertir la tendencia de la violencia en contra de los pueblos indígenas, la deforestación, la caza y las actividades extractivas hasta el 2025.

Entre los principales hallazgos de la investigación se presentan los siguientes:

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1. La Amazonía se encuentra inmersa en una crisis o punto de no retorno debido a las altas tasas de deforestación y degradación que, combinadas, alcanzan ya el 26% de la región (en Ecuador, un 15 % de territorios históricamente selváticos han sido transformados). El trabajo científico disponible hasta ahora establece que el punto de no retorno en la Amazonía, se produce una vez que la deforestación y la degradación combinadas cruzan el umbral del 20-25 porciento (Lovejoy y Nobre 2019).
2. Preservar el 80% de la Amazonía hasta 2025 aún es posible, el 2030 presentaun desafío frente al estado actual de la región. Esta meta [80%] requiere medidas urgentes para salvaguardar el 74% restante (629 millones de hectáreas) de la Amazonía que son Áreas Prioritarias Clave Intactas (33%) y con Baja Degradación (41%). Asimismo, la restauración del 6% (54 millones de hectáreas) de tierras con alta degradación es vital para detener la tendencia actual.
3. Los pueblos indígenas salvaguardan el 80 por ciento de la biodiversidad restante de los 17 países megadiversos en el planeta. Cuatro de los 36 hotspots (puntos de acceso) existentes en el planeta están en la región. La preservación de estos hotspots ha sido primordialmente gracias a los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas que los habitan. Alrededor de 137 especies vivas se extinguen cada día en la Amazonía debido a la pérdida de hábitat (Müller in IPOL EU 2020, 13).
4. Este informe ofrece una comparación entre los regímenes de gestión territorial existentes. Las Áreas Protegidas (AP) y los Territorios Indígenas (TI) son vitales para proteger la Amazonía. Entre ambos regímenes se cubre alrededor de la mitad (48%) de la Amazonía; sin embargo, la otra mitad (52%) son áreas sin ningún tipo de designación que corren el peligro de desaparecer y sin las cuales es imposible detener el punto de noretorno. La mayor parte de la deforestación (86%), tuvo lugar fuera de las AP nacionales y de los TI.
5. 255 millones de hectáreas de áreas prioritarias clave intactas y áreas prioritarias clave con baja degradación no han sido tituladas a favor de los pueblos indígenas ni designadas como áreas protegidas y se encuentran en riesgo inminente. Las áreas no designadas registran la mayor transformación (33%) y alta degradación (10%), siendo seis veces más que la transformación registrada en las AP y más de ocho veces la de los TI.
6. Los Territorios Indígenas no tienen asignaciones presupuestarias de susgobiernos; no obstante, tienen iguales o mayores niveles de conservación que las áreas protegidas incluso cuando éstas se superponen a los TI. Esto se debe principalmente a la cosmovisión de más de 500 pueblos indígenas que han habitado la Amazonía por milenios.
7. La superposición de dos regímenes (TI y AP) no resulta en niveles sustancialmente más altos de integridad del ecosistema. Al contrario, crear AP sobre TI puede debilitar los modelos de gobernanza indígena en el territorio y, consecuentemente, deteriorar la conservación de losecosistemas, en algunos casos, incluso puede resultar en violencia. El enfoque de la Iniciativa es un modelo de gobernanza colaborativo e inclusivo para lograr el diseño e implementación de alternativas sostenibles como las propuestas por el Acuerdo de Durban en 2003 y más recientemente, por IPBES (2022).
8. Existen alrededor de 100 millones de hectáreas de TI en disputa, o en proceso de identificación o declaradas que requieren reconocimiento y titulación inmediata para detener los índices de degradación ya presentes dentro de las TI.
9. Los territorios indígenas no pretenden sumarse a la conversación como unacategoría adicional u otras medidas o mecanismos de conservación (OMEC).Los TI son preexistentes a los Estados nacionales y responden a una estructura social, económica, cultural y política propia mientras que las OMEC pueden crearse y su gestión puede definirse de manera privada o pública. Reconocer el acervo cultural sobre el cual se sustenta la integridad de los ecosistemas es un factor diferenciador para afrontar la crisis climática que debe integrarse a las políticas de conservación.
10. El 66% de la Amazonía está sujeto a algún tipo de presión fija o permanente.Donde hay fuerte presencia estatal se presentan amenazas y presiones o impulsores “legales” y donde la presencia estatal es débil, se presentan impulsores “ilegales”. Los TI y AP no están al margen de esta realidad. Los bloques petroleros, centrales hidroeléctricas y minas se planifican a lo largo y ancho de la Amazonía. Los marcos legales vigentes generan condiciones para que los Estados concesionen licencias en bosques intactos o TI sin el consentimiento libre previo e informado de las poblaciones que habitan la región.
11. La capacidad de restauración de la Amazonía se está agotando. Es necesaria una transición inmediata. Las industrias que ocupan la Amazonía no cuentan con el consentimiento libre previo e informado de las poblaciones que habitan la región.

Entre las medidas que plantean los pueblos indígenas están el reconocimiento y demarcación de los territorios ancestrales, la implementación de un modelo de gobernanza con representación política, una moratoria inmediata sobre la deforestación, transparencia en las cadenas productivas, acceso a recursos financieros para implementar proyectos sostenibles, entre otras políticas estatales y de organismos internacionales.