Inforegión
26 de noviembre de 2020
Este 24 de noviembre se llevó a cabo una nueva audiencia pública en el marco de la demanda judicial presentada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y su base regional Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) para hacer cumplir el acuerdo de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica que establece que se realizará proceso de consulta, previo al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto si se encontraban nuevos impactos no consultados antes.
Las áreas de dragado son los focos donde se originan los mayores impactos del proyecto. A más áreas, nuevos impactos. Esto activa la condición establecida en el Acta de Consulta Previa del 2015, por lo que el Poder Judicial debe responder favorablemente a la demanda que hemos interpuesto los pueblos indígenas de la amazonía.
Instituciones como la Defensoría del Pueblo han recomendado que se realice consulta previa a los EIA, ya que al desarrollarse este estudio, recién se conoce con mayor claridad los impactos ambientales y sociales que traería un proyecto de esta envergadura.
A pesar de ello, a la fecha en el Perú no se consultan los EIA, sino solo los términos de referencia para su elaboración, es decir, se consulta sobre el contenido que estos deberían tener, siendo esto insuficiente para que los pueblos indígenas puedan decidir con información completa.
Cabe destacar, que la realización de esta audiencia debió reprogramarse puesto que se intentó llevar a cabo sin la debida notificación a Aidesep y Orpio, a quienes, como demandantes, es obligatorio notificar. En medio de este contexto poco transparente, es que también se publica en la web del MTC una cuestionable propuesta de adenda al contrato del proyecto.
La última adenda
Siete meses después de que el Senace aceptara el desistimiento de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto solicitado por la empresa Cohidro (después de que el proyecto recibiera más de 400 observaciones) se publicó el 21 de agosto pasado en la web de Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una propuesta de adenda al contrato del proyecto, mediante la cual se quiere formalizar la incertidumbre en el número de zonas de dragado. Ya en el informe 4 del Estudio Definitivo de Ingeniería se menciona la existencia de hasta 24 zonas de dragado, y en la propuesta de adenda (modificación Antecedentes 1.6) se reconoce que la naturaleza de los ríos no permite definir los malos pasos, con ello, es incierta también la magnitud de sus impactos.
Además, se propone modificar el cronograma de pagos, adelantando el inicio de pagos del Estado a la empresa a partir de este mes de diciembre, a pesar de no contarse con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado ni por ende haberse realizado ninguna acción para implementar el proyecto y, por último, se amplía el plazo para presentar el EIA hasta enero del año 2022.
Respuesta indígena: Consulta previa de la adenda
Dado que mediante esta adenda se propone formalizar la extensión de nuevas áreas de dragado no consultadas, Aidesep, así como sus bases Orpio y ORAU, han presentado de manera formal ante el Ministerio de Transportes el 11 de noviembre 2020, una solicitud de consulta previa a esta propuesta de adenda del contrato.
“Esta consulta permitiría en primer lugar respetar el primer acuerdo del Acta de Consulta del 2015, en segundo, tanto nuestras advertencias desde hace 5 años, como la propia ciencia de occidente han demostrado repetidamente que no se pueden prever las condiciones y comportamiento de los ríos, y en tercer lugar, para salvaguardar la vida de los ríos que es la extensión de nuestras propias vidas” expresó Lizardo Cauper, presidente de Aidesep
finalmente, Jorge Pérez de Orpio, sentenció que “frente a estas situaciones los pueblos indígenas reiteramos nuestra exigencia de declarar inviable este proyecto, la ciencia y el derecho viene dando evidencia tras evidencia, y confirma que los impactos son inmedibles y serán perjudiciales para quienes vivimos en y con la Amazonía”.
Fuente: Aidesep