Correo del Caroní
María de los Ángeles Ramírez Cabello
7 de junio de 2021
La actividad agropecuaria es la práctica más extendida en la Amazonía venezolana, por encima de la minería. Ambas actividades lideran el cambio del uso de la tierra en este territorio de enorme biodiversidad, generando consecuencias ambientales y presiones sobre comunidades indígenas. En esta apreciación coincidieron tres especialistas ambientales en un foro realizado este viernes por Lazos Guayana, Observatorio Guayana Sustentable y Provita a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente.
El cambio de uso de la tierra implica la transformación de la capa vegetal original de un área para otros usos. En el caso de la Amazonía venezolana, este cambio se da principalmente por la agricultura y la ganadería, además de la minería en una región en la que se extiende el proyecto estatal Arco Minero del Orinoco, que ha generado violencia armada, contaminación de suelos y ríos y severas consecuencias sobre las comunidades indígenas, cuyas formas de vida han sido modificadas.
Rodrigo Lazo, coordinador del programa Amazonía de Provita, dio detalles a partir de los resultados de la nueva colección de mapas de cobertura y uso del suelo en la Amazonía 2000-2020 de la organización. Explicó que mientras la extensión de las zonas urbanas se ha mantenido estable desde el 2000, el uso agropecuario y la minería se han expandido.
La organización ha identificado 500 kilómetros cuadrados en áreas mineras y alrededor de 10.000 kilómetros cuadrados en intervención agropecuaria en la Amazonía, “son dos proporciones muy diferentes, la actividad agrícola está generando muchos más cambios que la actividad minera”, aunque -aclaró- la incorporación de nuevas áreas no indica un incremento de la producción agropecuaria, pues muchas de estas áreas son abandonadas tras unos pocos años.
En detalle, la actividad agropecuaria en la Amazonía venezolana cubre un 2,3% y el uso minero, un 0,1%, según el estudio. Ambas actividades se han incrementado en las últimas dos décadas. “Desde el 2000 al 2020 se ha casi duplicado la extensión de la actividad minera”, dijo.
Los impulsores de cambio se concentran principalmente en Bolívar, donde ocurre 89,4% de la actividad agropecuaria detectada y 97% de la minería. Los municipios con mayor uso agropecuario, precisó Lazo, son Piar, Padre Pedro Chien y Angostura, históricamente con vocación agrícola. Los que tienen mayores extensiones mineras son Sifontes, Angostura y Gran Sabana. En Sifontes, la escalada minera ha sido de alrededor de 50 km2 en 2008 a 160 km2 en 2020.
Al realizar un análisis por Áreas Naturales Protegidas (ANP), destacó que la más afectada por minería es el Parque Nacional Canaima, seguido de los parques Yapacana, Caura y Serranía La Neblina. “Yapacana es 10 veces más pequeño que Canaima y tiene un área de minería muy cercana a la de Canaima, la densidad de afectación es mayor en Yapacana”.
En cuanto a los territorios indígenas, reconocidos o no y que cubren 71% de la Amazonía venezolana, Lazo detalló que la minería afecta principalmente las tierras del pueblo pemón y mapoyo.
A pesar del aumento de las áreas agropecuarias y minera, la tasa de deforestación experimentó un descenso hasta 2015, pero en los últimos cinco años se observa una tendencia creciente, de acuerdo con los gráficos presentados. “Hemos identificado 2.800 km de pérdida de bosque (en la Amazonía) por deforestación, esto equivale a casi tres veces el tamaño de la isla de Margarita”, dijo.
Las extensiones forestales siguen abarcando 83,5% y se distribuyen en 48,3% en Bolívar, 43,3% en Amazonas y 8,4% en Delta Amacuro. “Análisis preliminares indican que entre el año 2000 y 2020 se perdió alrededor del 1% de la cobertura forestal en la Amazonía venezolana por causa de la deforestación”, dijo, pero advirtió que aunque 1% puede parecer poco, no lo es, “son muchísimos kilómetros”.
Advierten destrucción similar a la de los llanos occidentales
El ingeniero forestal José Rafael Lozada coincidió en que la minería es una actividad de muy alto impacto, pero «la actividad agropecuaria tiene 19 veces más afectación” cuando se analiza la extensión.
Mencionó siete puntos calientes por actividades agropecuarias, incluido el norte del Caura con intervención dentro del Parque Nacional.
Lozada recordó la pérdida del bosque de los llanos occidentales en un lapso de 40 años por la invasión promovida en tiempos electorales a cambio de votos. Explicó que una parcela ocupada por un campesino es sometida a la tala y quema del bosque. Las cenizas constituyen un factor de fertilidad inicial, aprovechada para cultivar maíz por dos años, por ejemplo. Sin embargo, los nutrientes se van perdiendo. Transcurridos los dos años, el campesino ya no puede sembrar maíz. Siembra yuca por dos años más y continúa la pérdida de nutrientes. Debería permitirse la recuperación del bosque, pero el terreno se transforma en pastizales para ganado con el uso del fuego para controlar la maleza.
En Guayana, debido a que los suelos son en su mayoría pobres en nutrientes, a largo plazo aparecen sabanas y chaparrales improductivos con estas prácticas, dijo. Esta vegetación se vuelve permanente y “el bosque no regresa”, recalcó.
El ingeniero forestal explicó que aunque la deforestación con fines agropecuarios se ha ejecutado principalmente fuera de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), son estas su lugar natural de expansión. “En Guayana están ocurriendo los mismos procesos de destrucción que ocurrieron en los llanos occidentales (…) las áreas quemadas constantemente se degradan a chaparrales y el bosque no se recupera, eso no es sustentable, la solución no son nuevas ABRAE de papel, es proteger lo que ya existe, diseñar y ejecutar planes y proyectos orientados a lograr un uso más eficiente del suelo”.
En cuanto a la actividad minera, indicó que los puntos calientes de incremento están en un sector cercano al río Tonoro y río Asa en la cuenca del río Paragua que “en el año 2000 era apenas una franja muy angosta y en el 2020 tenemos un enorme territorio afectado, esa superficie es casi equivalente a las minas de Las Claritas”. El segundo punto caliente que mencionó es en los ríos Chicanán y Cuyuní en la sección baja del Kukenán, dentro del Parque Nacional Canaima, “ese patrón de afectación continúa y va a lo más interno del PN”.
Consideró que la minería está sufriendo las consecuencias de la escasez de combustible, la pandemia y las cuarentenas, “entre 2019 y 2020 se ha frenado un poco la ampliación de las áreas de minería sobre todo en el municipio Sifontes”. No obstante, dijo que se requiere de manera urgente “legislación, planes y proyectos orientados a una minería racional y responsable, obviamente no podemos apoyar una minería depredadora del ambiente”.
¿Qué hacer?
Con tantos diagnósticos a la mano, urgen las soluciones. A juicio de Lozada, considerando el peso de las actividades agropecuarias en el cambio de uso de la tierra, hay que ir a una producción ganadera más eficiente fuera de las ABRAE y con agroforestería.
Luz Delgado, ingeniero forestal, profesora asociada de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) y coordinadora del Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayana, manifestó que es vital conocer las causas locales que determinan los cambios de uso de la tierra y qué prácticas los generan para mitigar los impactos y sustituir las prácticas no sostenibles, tomando en cuenta que el cambio de uso de la tierra seguirá siendo uno de los más importantes componentes que afectan a los ecosistemas de Guayana. “No podemos seguir planteando generalidades para resolver los problemas (…) Las generalizaciones son problemáticas”, dijo.
Explicó que los cambios de la tierra operan por restricciones impuestas por la naturaleza como el clima o regulaciones humanas como los planes de ordenamiento. Los patrones de cambio del uso del suelo son el resultado de las interacciones entre esos procesos sociales y naturales y en Guayana, precisó, existe una alta variabilidad en las causas. Sin embargo, han identificado algunas generales como la distancia a vías, a centros poblados, tenencia de la tierra, densidad poblacional y pendientes.
Para ahondar más en los patrones de cambio, estudiaron un área piloto en la cuenca alta del río Botanamo en la que convergen tierras de la Reserva Forestal Imataca y tierras públicas y privadas para uso agropecuario. Allí identificaron a los ganaderos y campesinos criollos como principales impulsores de cambios de la tierra. “Conseguimos que el tamaño de las unidades de producción varían entre 500 y 5.000 hectáreas y es en esta variable en la que podemos hacer propuestas de cambio y mitigación”, dijo.
En el estudio, encontraron que en 2005 el gobierno decidió ampliar una pica hacia una mina y se otorgó la ocupación de terrenos a personas de bajos recursos que empezaron a tumbar el bosque. Los bajos ingresos familiares fueron determinantes.
Recalcó que hacer un análisis multiescala permitirá hacer propuestas de desarrollo sustentable, que no se traduzcan en meras reformas cosméticas.
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