La Amazonía cuenta ahora con el mapeo más completo de sus humedales: 151,7 millones de hectáreas identificadas, equivalentes al 22% de toda la región amazónica, con una precisión técnica del 82,2%. Sin embargo, el hallazgo más preocupante es que el 47,4% de estas zonas no cuenta con ningún tipo de protección legal, quedando expuestas a actividades extractivas y a la degradación ambiental.
Estos resultados fueron presentados por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) durante el encuentro Humedales Amazónicos, realizado el 4 de febrero en Lima, Perú, donde se dieron a conocer los principales hallazgos del proyecto “Mapeo y diseño de un enfoque de conservación y gestión para los humedales amazónicos”, desarrollado desde 2023 en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela.
Además, el análisis revela una pérdida de 7,4 millones de hectáreas de cobertura de agua hasta 2020, a las que se suman 800 mil hectáreas adicionales entre 2021 y 2024. La minería industrial impacta directamente alrededor del 12% del territorio mapeado, mientras que el 80% de las áreas húmedas se encuentra a menos de 50 kilómetros de infraestructuras como centrales hidroeléctricas. Además, se suma la influencia del cambio climático: 18,6 millones de hectáreas presentan pérdida de agua superficial asociada a sequías extremas y disminución de lluvias.
“Las áreas húmedas están constantemente amenazadas por la inestabilidad climática, pero, al mismo tiempo, estos ecosistemas son esenciales para el equilibrio climático, ya que funcionan como esponjas que absorben y almacenan agua. Por eso es tan importante producir información sobre ellas y construir políticas públicas en todos los países para protegerlas”, comenta Carlos Souza, investigador de Imazon y coordinador del proyecto en Brasil.
El estudio, basado en imágenes satelitales e indicadores de integridad ecológica, bienestar humano y presiones antrópicas, permitió identificar la extensión, tipología y estado actual de manglares, igapós, pantanos y otros territorios húmedos distribuidos en la cuenca amazónica. También definió áreas prioritarias para conservación y manejo, y mapeó las instituciones que trabajan en el tema a nivel regional, nacional y subnacional, generando una base de datos clave para fortalecer políticas públicas.
“El análisis demuestra que no se puede observar la Amazonía desde una sola frontera nacional. Lo que ocurre en la parte alta de los Andes impacta directamente los regímenes hídricos en la desembocadura del Amazonas”, explicó Renzo Piana, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), destacando la necesidad de un enfoque panamazónico.
Las áreas húmedas cumplen funciones esenciales: regulan el clima, almacenan agua, sostienen la biodiversidad y garantizan medios de vida para pueblos indígenas y comunidades tradicionales. De hecho, estos pueblos fueron actores fundamentales en la construcción del estudio. Como señaló Jammer Manihuari, vicecoordinador de la COICA: “Sin los pueblos indígenas, las zonas húmedas no existirían”.
Para fortalecer la defensa de estos ecosistemas, los científicos definieron tres líneas de acción: la preservación, manteniendo las zonas húmedas mejor conservadas para garantizar la regulación climática; la mitigación, activando alertas en zonas bajo presión para proteger la seguridad alimentaria y el ciclo hidrológico; y la restauración y gestión, implementando medidas urgentes de recuperación funcional y regulando las actividades territoriales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Iniciado en 2023 y desarrollado en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela, el proyecto utilizó imágenes satelitales e indicadores de integridad ecológica, bienestar humano y presiones antrópicas para mapear territorios húmedos —como manglares, igapós, pantanos y muchos otros— distribuidos en la cuenca amazónica, e identificó su estado actual para construir una base de datos robusta para apoyar la creación de políticas públicas.