Mongabay
6 de octubre, 2021
Antonio José Paz Cardona

El Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, es el área protegida continental más grande del país y un importante hotspot o punto de alta concentración de biodiversidad a nivel mundial. Sin embargo, en el 2013, la Asamblea Nacional declaró al parque como zona de interés nacional y le autorizó al entonces presidente Rafael Correa la explotación petrolera en su interior. El Yasuní además contiene la Zona Intangible que busca la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, cuya zona de amortiguamiento fue ampliada en el 2019.

El problema es que para junio de 2020, imágenes satelitales detectaron la apertura de una vía petrolera en el Yasuní que se dirigía rápidamente hacía la Zona Intangible y que ya tenía 4,7 km de longitud. La intención era conectar varias plataformas del polémico bloque 43 (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) más conocido como ITT.

Para el 31 de agosto de 2021, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de Conservación Amazónica (ACCA), reportó que la carretera se había expandido aproximadamente otros 2 km —es decir,  ya era casi de 7 km— y ahora se encontraba a solo 10.5 km de la Zona Intangible y a 0.5 km de su zona de amortiguamiento.

Hace pocos días la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador —un colectivo donde participan 15 organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos— presentó una demanda de medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano argumentando “la inminente vulneración de los derechos de los pueblos en aislamiento y de la naturaleza, por la construcción de una vía que atraviesa el Yasuní en el bloque 43”.

Medidas cautelares urgentes

Sylvia Bonilla, abogada de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, comenta que se demandó a Petroecuador, al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y a la secretaría de Derechos Humanos por ser la encargada de proteger a los pueblos en aislamiento.

“Las medidas cautelares exigen que se ordene el paro inmediato de la construcción de la carretera por ser inminente su llegada a la zona de amortiguamiento de la Zona Intangible”, dice Bonilla.

Además, la abogada destaca un asunto que para los demandantes es fundamental. Según dice, la licencia ambiental aprobada en 2019 por el MAATE otorgaba la posibilidad de construcción solo hasta la plataforma petrolera Ishpingo B, que para ese momento estaba por fuera de la zona de amortiguamiento de la Zona Intangible que protege a los pueblos indígenas en aislamiento. Sin embargo, un año después de otorgada la licencia, tras la aprobación del decreto 751 que modifica los límites de la Zona Intangible, de pronto la plataforma Ishpingo B y la plataforma Ishpingo A estaban situadas dentro de la zona de amortiguamiento mencionada.

¿Qué implicancias tiene esto? Según la abogada, que se decidió mover la ubicación de las plataformas sin permiso y que además continuaron con la construcción de la vía sin tener una licencia para esa nueva ubicación. “Las plataformas Ishpingo A y B ya están dentro de esta zona, eso quiere decir que se han movido arbitrariamente, sin licencia ambiental y sin permisos para construir plataformas o vías dentro del área e, incluso, hay un pozo petrolero de exploración que está graficado [por el antiguo Petroamazonas, hoy absorbido por Petroecuador] dentro de la zona intangible de los Tagaeri y Taromenane”, afirma la abogada.

El decreto 751 aprobado en mayo de 2019 para dar cumplimiento a la decisión de la consulta popular de 2018, en la que los ecuatorianos votaron a favor de incrementar la Zona Intangible en el Parque Nacional Yasuní al menos en 50 000 hectáreas, fue aprovechado entonces por el gobierno ecuatoriano para restarle protección al área y permitir las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos dentro de la franja de amortiguamiento.

Poco tiempo después de emitido el decreto del expresidente Lenín Moreno, este fue demandado por el Colectivo de Antropólogas del Ecuador, cuyo caso lleva más de dos años estancado en la Corte Constitucional.

Nathalia Bonilla, integrante del colectivo, comenta que al quitarse la protección de la zona de amortiguamiento se vulnera y pone en peligro la vida de los pobladores indígenas. “Se afecta la flora y los animales de cacería de los que dependen los indígenas. Si hay actividades de construcción hay más probabilidad de encuentros entre indígenas aislados y trabajadores. Además del inminente riesgo de contagio con COVID-19, que sería fatal para los Tagaeri y Taromenane”.

Las dudas aumentan porque, a pesar de que el mapa de Petroamazonas muestra a las plataformas Ishpingo A y B dentro de la zona de amortiguamiento, en respuesta oficial del MAATE a Mongabay Latam, la entidad aseguró que no se está construyendo una carretera sino el “acceso ecológico” de estas dos plataformas que cuentan con la licencia número 032. “La plataforma Ishpingo B se ubica a 127 metros de la zona de amortiguamiento de la ZITT [Zona Intangible Tagaeri-Taromenane] y a más de 10 kilómetros de la ZITT, por tal razón no se afecta a la zona de amortiguamiento, mucho menos la zona intangible donde se encuentran las poblaciones en aislamiento”.

Además, el MAATE asegura que en el bloque 43 (ITT) tiene consideraciones especiales en su Plan de Manejo Ambiental y los monitoreos se realizan de manera periódica. “En el caso de la construcción de accesos ecológicos, estos tienen salvaguardas ambientales. Inicialmente se llevan a cabo recorridos y una valoración biótica en la que se registran Áreas Biológicas Sensibles (ABS) […] Una vez determinadas estas ABS, se efectúan microvariantes al trazado inicial de los accesos ecológicos para proteger los mismos”.

Sin embargo, Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, asegura que los pueblos en aislamiento voluntario nunca cruzan una carretera, “se conoce que la rodean totalmente. Esta carretera es muy peligrosa porque va a la única zona definida para protegerlos, que no necesariamente abarca todo el territorio donde se mueven”.

Un informe de monitoreo del avance de infraestructura vial en el bloque 43 (ITT), elaborado el 20 de septiembre de 2021 por Carlos Mazabanda, coordinador de campo en Ecuador de la organización Amazon Watch, menciona que de acuerdo a los planes de infraestructura elaborados por Petroamazonas, se tiene previsto avanzar con la construcción de la vía hasta el límite de la Zona Intangible, para lo cual se deberá cubrir una distancia de 14 kilómetros. “Realizando una proyección en función del tiempo promedio de construcción, tenemos que para avanzar estos 14 kilómetros se tardarían 43,75 días”.

La abogada Sylvia Bonilla dice que en la demanda que acaban de interponer, en donde solicitan medidas cautelares, piden que a través de la Secretaría de Derechos Humanos y del MAATE se haga un seguimiento “a estas actuaciones arbitrarias e inconstitucionales de la industria petrolera que amenazan la vida de las poblaciones que habitan en esta zona y la naturaleza”.

Los impactos en los indígenas en aislamiento

Manuel Bayón, geógrafo y miembro fundador del colectivo Geografía Crítica, asegura que han puesto muchas quejas por el campo Ishpingo B. Según dice, todos los estudios de impacto ambiental del antiguo Petroamazonas indican que sus rangos de afectación de ruido mínimo son 300 metros, pero estos consideran solo a la maquinaria y no a los generadores de energía y combustible que no estaban previstos en los planes iniciales.

El ruido es una gran amenaza para los aislados pues ellos se mueven por zonas prístinas y huyen ante cualquier señal de intervención. “El ruido es una de las cosas que más afecta a los pueblos en aislamiento porque tiene implicaciones sobre la caza y su bienestar en el espacio”, indica Bayón.

“Más que indígenas aislados, nosotros decimos que son indígenas acorralados”, comenta Pedro Bermeo de Yasunidos, refiriéndose a que están rodeados por bloques petroleros y por los madereros en el sur de su territorio.

La preocupación por lo que ocurre con los pueblos indígenas en aislamiento no proviene solo de las organizaciones civiles ecuatorianas, sino de entidades internacionales como Naciones Unidas.

“La Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) no incluye la extensión total de sus tierras ancestrales […]  Aún más preocupante es el hecho de que el Estado esté concediendo licencias extractivas que afectan dichas tierras ancestrales. De acuerdo a la información recibida, la extensión del Parque Nacional Yasuní ha sido considerada un desarrollo positivo, resultado de la consulta popular de 2018, pero la decisión de proceder con la explotación petrolera en el área de amortiguamiento puede producir impactos graves e impredecibles sobre los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la zona”, dijo en 2019 la entonces Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Por ahora, las organizaciones sociales y ambientales esperan que la justicia se pronuncie sobre sobre las medidas cautelares solicitadas y que la Corte Constitucional, después de más de dos años, dé su veredicto sobre el polémico decreto ejecutivo de mayo de 2019 donde, según expertos como Carlos Mazabanda, la expansión de la Zona Intangible para proteger a los indígenas en aislamiento se dio hacia el noroccidente y no hacia el oriente, donde habían más conflictos y más temor por las presiones que enfrenta el territorio indígena, principalmente por las actividades petroleras y, donde se aprovechó para quitarle las protecciones ambientales a la zona de amortiguamiento.

*Imagen principal: Bosque del Parque Nacional Yasuní. Este lugar megadiverso en fauna y flora está ubicado en Pastaza y Orellana. Foto: José Schreckinger.

Tomado de: https://es.mongabay.com/2021/10/demandan-al-gobierno-ecuatoriano-carretera-parque-yasuni/