SPUTNIK
21 de agosto, 2020
QUITO (Sputnik) — Las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, que fueron afectadas por un derrame de crudo el 7 de abril, esperan el 1 de septiembre la resolución de un juez de la provincia de Orellana sobre la acción de protección con medidas cautelares planteado contra Petroecuador y la petrolera privada Oleoducto de Crusos Pesados.
“El juez Jaime Oña Mayorga anunció que hará pública la sentencia el próximo 1 de septiembre”, dijo el viernes la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) en un comunicado.
Según la Confeniae, en la audiencia telemática, la defensa de 27.000 habitantes de las comunidades afectadas, utilizando documentos presentados por las instituciones demandadas, evidenció que la contaminación generada por el derrame llegó incluso al Parque Nacional Yasuní (este), localizado varios kilómetros río abajo del lugar donde se produjo el hecho.
Los demandantes sostienen que las instituciones ignoraron sistemáticamente las alertas que les habrían permitido evitar el derrame, en consecuencia las medidas de contención tomadas después del incidente se tornaron inefectivas por su aplicación tardía.
Según los abogados de los demandantes, los documentos presentados en el juicio por parte de las instituciones demandadas contradicen sus propios alegatos pues el actual desarrollo tecnológico impide aducir imprevisibilidad e inevitabilidad.
Las comunidades afectadas también sostienen que el agua que han entregado las petroleras para las familias afectadas por el derrame es insuficiente pues equivalen a tres litros semanales por familia.
La acción de protección busca que se reconozca, en sentencia, la violación de derechos y ordene la reparación integral por los daños causados.
El juicio planteado en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el de Ambiente, el de Salud Pública y las empresas Petroecuador EP y OCP, no busca una indemnización monetaria sino que la reparación sea efectiva e integral, aseguró Confeniae.
Los demandantes, agregó, estarán vigilantes para que el juez a cargo del caso ordene que dicha reparación se materialice para todas las víctimas del derrame y que las medidas sean concertadas con las comunidades.
La demanda tiene el respaldo de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fecunae), los vicariatos de las provincias de Orellana y Sucumbíos (este), la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, y habitantes y dirigentes de 105 comunidades afectadas por el derrame.
El derrame se produjo el pasado 7 de abril, como consecuencia de la rotura de la tubería del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del OCP y del Poliducto Shushufindi-Quito, debido a un hundimiento de tierra en el sector de San Rafael, en el límite de las provincias Orellana y Sucumbíos.
El derrame de crudo afectó los ríos amazónicos Coca y Napo e interrumpió la producción petrolera del país.