Artículo 71 de la Constitución

El nombre completo del colectivo, Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva de las Bases frente al Extractivismo, deja claro su gran objetivo, que se concreta en su común defensa del territorio y la naturaleza, la educación y la salud, la cultura y las  tradiciones preservadas de generación en generación, y, en lugar destacado, de los derechos de las mujeres. Frente a los grandes proyectos económicos de las compañías extractivistas y sus fuertes intereses políticos y financieros, las Mujeres Amazónicas enarbolan el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana de 2008.

Forman un colectivo diverso, con mayoría indígena de las siete nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana (Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Shiwiar, Andoas y Sápara), pero también con mujeres que se autodefinen como mestizas. Y nadie ha podido callarlas desde aquel 2013 en que, hartas de ataques desde la Administración de Rafael Correa a  organizaciones indígenas y personas defensoras de derechos humanos, decidieron alzar públicamente su voz colectiva.

En octubre, 130 mujeres marcharon en bus de Puyo a Quito para exigir que se paralizara una licitación petrolera en el parque nacional Yasuní y que se protegiera a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. El presidente, que no las recibió, se limitó a invitarlas a reunirse en la Amazonía norte. En noviembre, Margoth Escobar, Patricia Gualinga y otras integrantes de Mujeres Amazónicas fueron denunciadas por supuestos actos de violencia en una protesta pública contra otra licitación petrolera. Las autoridades utilizaron aquella manifestación para justificar el cierre de la organización ambiental Fundación Pachamama y para hostigar y estigmatizar a Margoth y Patricia, quien contó que sufrieron un “linchamiento mediático” y que “nos vigilaban y perseguían”.

Cambio presidencial, pero…

Aunque había sido vicepresidente de Correa durante seis de sus diez años de mandato, la elección de Lenín Moreno como presidente en abril de 2017 abrió ciertas esperanzas tras su acercamiento en la campaña a los pueblos indígenas y su rápido indulto al ambientalista indígena Patricio Meza Saltos, condenado por “ataque y resistencia” durante la movilización nacional de dos años antes. En julio, el nuevo mandatario se reunió con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), pero sus buenas palabras de ese encuentro y las de septiembre ante la ONU se difuminaron pronto.

En noviembre, el presidente de CONAIE Jaime Vargas denunció que “no hay progreso en el diálogo“, lo atribuyó a la falta de compromiso gubernamental, y advirtió de que “están jugando con la voluntad de los pueblos indígenas”. El 27 de ese mes, indígenas de todas las edades iniciaron una marcha de 260 kilómetros a Quito para exigir un “diálogo con resultados”. Lenín Moreno los recibió y les prometió no otorgar nuevas concesiones mineras y revisar las ya aprobadas. Pero las medidas efectivas siguen haciéndose esperar. Como ha subrayado Margoth Escobar, “el Gobierno de turno está vestido de oveja, pero es un lobo por dentro, porque las políticas extractivistas avanzan sin piedad, sin compasión y, sobre todo, sin respeto a la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas”.

Y más de lo mismo en 2018. El 8 de marzo, cientos de mujeres indígenas marchaban en Puyo para defender sus territorios ancestrales y sus propios derechos. Días más tarde, varias decenas se concentraban ante el palacio presidencial en Quito para entregar a Lenín Moreno un “Mandato de las Mujeres Amazónicas“ elaborado durante meses. El presidente aceptó recibirlo directamente el día 22, y la reunión volvió a llenarse de buenas intenciones.

No hubo, sin embargo, respuesta formal del Gobierno a aquel ‘Mandato’. Lo que sí hubo fueron nuevos ataques y amenazas a tres defensoras del colectivo (Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar) en la provincia de Pastaza, delitos que siguen sin esclarecer y permanecen impunes.

Incompetencia e impunidad

Las Mujeres Amazónicas confirman la denuncia de Amnistía Internacional de que “la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Pastaza no han garantizado una investigación adecuada ni efectiva“ de esos ataques y amenazas. Las investigaciones, se quejan, no muestran avances significativos y, pese a las recomendaciones del Relator Especial de la ONU en ese ámbito, no toman en cuenta su condición de lideresas indígenas y defensoras de derechos humanos. Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mensaje repetido es rotundo: la falta de diligencia investigadora “contribuye a la impunidad“.

Los testimonios de las víctimas no dejan lugar a dudas sobre los graves fallos en las investigaciones. Nema denunció e identificó al hombre que hace un año la amenazó de muerte en un vídeo que aún circula por las redes sociales; el peritaje judicial sigue pendiente. Patricia podría haber identificado a su atacante con las imágenes grabadas cerca de su domicilio por cámaras de seguridad públicas, pero agentes de la Fiscalía le negaron el visionado; el peritaje fue encargado con un año de retraso, y aún se desconoce su resultado. A Margoth le incendiaron su casa intencionadamente, como confirmó al día siguiente un responsable de bomberos; un perito llegaba tres meses después para reconocer que ya era tarde para precisar la causa porque la vivienda estaba limpia, mientras siguen sin analizar las imágenes de las cámaras cercanas que podrían haber dado pistas o identificado a los autores.