Cinco 8
Manoa Ferrandes
1 de junio de 2021
Venían remontando el río Sipapo cuando, al encontrarse con el Caño Guamo, advirtieron que una guaya de alambre de púas, extendida de orilla a orilla, bloqueaba la navegación. Un grupo de hombres armados con machetes, palos, piedras y gasolina los estaba esperando. Los hicieron bajar de sus curiaras, los amarraron y los llevaron a una casa que llamaban “el comando”. Allí les pegaron y los rociaron con gasolina. A uno de ellos lo tuvieron que rescatar luego del monte, donde los agresores lo dejaron con la cabeza rota, pensando que había muerto.
—Eran los mismos Uwottüja —contó Alirio Sánchez, de la comunidad Uwottüja (o piaroa, como tradicionalmente los llamamos los criollos) de Guarinuma, en el municipio Autana del estado Amazonas. Él fue uno de los atacados ese día de marzo en Caño Guamo. Ninguno murió; hubo un herido por un machetazo en la cabeza, y lo atendieron en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho.
Cuando los atacaron, Sánchez y sus compañeros navegaban hacia una mina cerca de Cerro Quemado. Llevaban comida y gasolina para los mineros.
—Para rebuscarnos —admitió Sánchez ante una radio de Puerto Ayacucho—, porque la situación está muy crítica para llevar alimento a nuestros hijos.
También admitió que Caño Guamo conduce a una mina.
—Pero pequeña, no grande como las del Orinoco.
Mientras Sánchez contaba esta historia, en Puerto Ayacucho daba una rueda de prensa Otilio Santos, el coordinador general de la Organización Indígena de los Pueblos Uwottüja del Sipapo (OIPUS). Era el 9 de abril y, para entonces, la gente de OIPUS había podido ir a Caño Guamo para averiguar lo que pasó. Y lo que contaron es que el enfrentamiento ocurrió porque la guardia indígena estaba tratando de impedir que llevaran más suministros a la mina, donde hay unas doscientas personas, dijo Santos, “de nuestro mismo pueblo”. Alirio López, también de OIPUS, explicó que ese es el trabajo de la guardia indígena, defender el territorio ancestral, sus recursos, su gente. Cortar las rutas fluviales de suministro de las minas de oro y coltán es vital para ellos.
—Pero los indígenas que están de acuerdo con esta explotación —dijo López— han rechazado esta posición de la guardia indígena, de las comunidades, de nuestra organización. Han sido obligados a hacer ese trabajo, incluso han sido amenazados. A los jóvenes que se dedican a la minería ilegal les dicen que se enfrenten, que no se detengan, que luchen por su minería y hasta les han entregado armas.
¿Quiénes les están dando armas a los indígenas para que nadie les pueda impedir llevar comida y combustible a las minas? OIPUS no quiso señalar a ningún grupo armado en particular. Pero sí cree que es gente que viene de otro sitio y que obliga a los indígenas a trabajar para ellos. Porque además los Uwottüja no tienen cómo comprar maquinaria y combustible, ni cómo crear una mina en medio de la selva amazónica venezolana.
En Amazonas, todo el mundo entiende que cuando se habla de grupos armados ajenos al territorio indígena, se está hablando de guerrilla colombiana.
—Eso es mentira —dice por su parte Alirio Sánchez. Él dice que la guerrilla no los está financiando. Que sobreviven con agricultura de conucos. Que la guardia indígena los atacó en Caño Guamo y que les quita la comida y el combustible que les encuentra. También dice que ha recibido amenazas de muerte.
La gente de OIPUS dice que algunos indígenas como Sánchez “se han llenado de fuerza y palabras con elementos nocivos. Este enfrentamiento entre nuestros jóvenes, con arma blanca, no lo habíamos visto”.
La muerte del profesor
Cuando se presume la presencia de grupos armados insurgentes en el Amazonas venezolano, también se presume que estos sujetos son quienes tienen el control de la explotación minera en el estado. Una cosa está ligada a la otra.
Es lo que denuncian diversas ONG que investigan la zona sur de Venezuela. SOS Orinoco habla de más de dos mil mineros operando dentro del Parque Nacional Yapacana, en varias minas de altísimo impacto ambiental. “Entre los principales responsables directos de semejante ecocidio”, dice su informe, “se encuentran funcionarios de alto nivel del régimen, funcionarios de diversos rangos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la guerrilla colombiana, esta última en una alianza entre el ELN y las FARC”. Por su parte, Fundaredes, la misma ONG que ha estado reportando desde el sur de Apure el conflicto entre las FANB y el décimo frente de las disidencias de las FARC, comunicó a través de su vocero en Amazonas, José Mejías, que “en el municipio Atabapo, específicamente en el Parque Nacional Yapacana, hay al menos 27 minas por las que existen pugnas y en medio de ellas, comunidades indígenas se han visto afectadas, incluso con el asesinato de varias personas”.
El 4 de abril mataron a José Dacosta, quien era docente de la Escuela San Pedro Alejandrino de Samariapo y miembro de la etnia Jivi. Dacosta trabajaba en la Mina 40 para ayudar con el sustento de su familia, y, según Fundaredes “fue asesinado por grupos armados irregulares que operan en la zona”. El asesinato de Dacosta fue confirmado por la organización defensora de los pueblos indígenas Kapé Kapé.
Una fuente que mantiene su nombre en reserva, y que trabajaba transportando mercancía y pasajeros a las minas, conoce la historia.
—Lo mataron por accidente —dice esta fuente— El profe tomó prestada la embarcación de unos elenos (el sobrenombre de los miembros del Ejército de Liberación Nacional que se trasplantó desde Colombia con esa guerilla), y se la pidió a quien la estaba cuidando, un hombre que estaba bebiendo. Cuando llegaron los elenos a preguntar por el barco, el sujeto no recordaba que se la había prestado a Dacosta y dijo que se la habían robado. Esto enfureció a los elenos y cuando el profe regresó con su acompañante (Luis Charlot Gariban, de 17 años) no le dieron chance de hablar y lo mataron.
Los dolientes del profesor advirtieron su desaparición y pidieron respuesta a los elenos.
—El comité indígena convocó una reunión con los militares venezolanos y los de la guerrilla —sigue esta fuente— y se logró la entrega del cuerpo del profesor. El muchacho había logrado sobrevivir y fue llevado a Inírida (en el departamento colombiano de Guainía).
Quienes trabajan en las minas de Amazonas saben que así es como el ELN rige el territorio.
Justamente, la esposa del profesor José Dacosta dijo a medios locales que en esa fosa común encontraron el cadáver de su esposo y que hay muchos otros cuerpos. Tras la reunión de indígenas, militares y guerrilleros, el cuerpo del profesor fue trasladado a San Fernando de Atabapo, donde recibió cristiana sepultura.
Defender a solas el territorio ancestral
Ante las disputas entre indígenas, OIPUS solicitó el 8 de abril medidas precautelares ante el Ministerio Público y la oficina de la Defensoría del Pueblo en el estado Amazonas, para proteger el medio ambiente y la integridad del territorio ancestral. Estas medidas fueron otorgadas el 20 de mayo. OIPUS quiere que las FANB desalojen de inmediato a los mineros ilegales del Alto Guayapo, que protejan a los líderes de las comunidades, a los jóvenes que integran la guardia indígena y a la Junta Directiva de OIPUS, pues todos han sido amenazados en estos meses.
—Estos mineros y sus grupos patrocinantes —dijo Alirio López en esa rueda de prensa en Puerto Ayacucho— amenazaron con quemar próximamente la comunidad de Caño Guamo, si no se les permite realizar su actividad minera. No solo corresponde al pueblo Uwottüja, sino a todo Amazonas y al Estado venezolano, tomar cartas en el asunto.
OIPUS viene denunciando desde 2013 la presencia de grupos armados y mineros ilegales en su territorio ancestral. Pero todo empeoró cuando hace un año llegaron las primeras máquinas para la extracción de oro en el Alto Guayapo. López insistió en que han informado de esto a los oficiales militares de la Zona Operativa de Defensa Integral, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo.
De Puerto Carreño a Puerto Ayacucho
Encima de la espuma de los raudales del Orinoco, la población colombiana de Puerto Carreño se ve muy cerca, con sus techos de zinc brillando bajo el sol. Durante décadas de conflicto armado en el país vecino, la guerrilla colombiana cruzó muchas veces la frontera fluvial, que es tan difícil vigilar. En los últimos años, en el que las Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional fueron perdiendo terreno en Colombia mientras a la vez encontraban respaldo político en Venezuela, el paso ocasional se fue convirtiendo en presencia permanente. No hay confirmación oficial sobre la muerte de alias Jesús Santrich, quien fuera comandante de una rama de las disidencias de las FARC, pero es un hecho sabido que ocurrió en mayo de 2021 en territorio venezolano.
En Puerto Ayacucho, apenas separada de Colombia por el agua castaña del “padre de los ríos”, el ciudadano común escucha y habla bajito sobre la presencia de guerrilleros en su ciudad. La mayoría cree que están más adentro de la selva; otros consideran que pueden estar en todos lados.
Una investigación del Crisis Group tuvo acceso a fotografías, vídeos y audios que confirman las actividades de disidentes de las FARC y de miembros del ELN en el estado Amazonas. En Puerto Carreño, del lado colombiano, actúan además el grupo delictivo Los Puntilleros de Vichada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo sucesor de los paramilitares, según la investigación. La explosión minera en Venezuela emergió como la gran oportunidad económica para las guerrillas que no quisieron acogerse a los acuerdos de paz de 2016. Los investigadores de Crisis Group entrevistaron a migrantes venezolanos que habían cruzado a la Amazonía colombiana.
Fundaredes también divulgó un video de una supuesta reunión de las FARC con una comisión de la comunidad Uwottüja, realizada el 16 de noviembre de 2020, en la que los indígenas rechazan la presencia guerrillera cerca de Puerto Ayacucho. Ahí se ve a alguien identificado como comandante Yulianny, alias Gata, exigiendo a los indígenas que reconozcan a la FARC “como fuerza beligerante”, el término que corresponde a un actor en un conflicto armado y no a una organización delincuencial. Uno de los indígenas dice allí que “el finado Chávez hizo un convenio, pero el finado Chávez no nos lo anunció a nosotros, no nos dijo nada”.
La trágica ironía es que, como sucede con las drogas y el tráfico humano en Sucre y Delta Amacuro, o con la presencia de irregulares en Apure y Táchira, toda esta economía aurífera que ha aliado a funcionarios venezolanos con irregulares colombianos tiene lugar en uno de los estados más pobres de Venezuela. Y por supuesto, es un contraste con la ley: todavía está vigente el Decreto Presidencial 269, de la Gaceta Oficial Extraordinaria 4.106 de fecha 1989, que prohíbe la explotación minera en el Amazonas venezolano.
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