El País
5 de junio de 2022
Christina Noriega
A mediados de febrero, en plena temporada de quemas en la Amazonía colombiana, un joven de 30 años salió a su predio de cuatro hectáreas con combustible en una mano y un encendedor en la otra. Mucho del bosque tropical ya se había derrumbado unos meses atrás y, en su lugar, quedaban algunos troncos caídos y capas densas de hojas y arbustos secos, listas para la quema. Fredy dejó un rastro de llamas por donde pisaba, que rápidamente se descontrolaron. El joven campesino se refugió a una distancia segura del calor de la quema. El fuego siguió creciendo hasta que una nube espesa de humo blanco tapó toda la vista, incluso el sol enrojecido por el verano. Un paisaje apocalíptico.
Para los ambientalistas, estas escenas de incendios son aterradoras. Vistas desde los sobrevuelos, el humo de las quemas se extiende a lo largo de muchos kilómetros y destruye los ecosistemas boscosos de la Amazonía, los mismos bosques que absorben gases de efecto invernadero y ayudan a frenar el cambio climático.
Para los campesinos, los incendios son parte del ciclo agrícola. Durante décadas, el inicio de la temporada seca en el mes de enero ha marcado una nueva época de quemas, cuando los campesinos arrasan con los bosques para introducir pasto para su ganado y, en algunas zonas, las plantaciones de coca. “El ganado se va reproduciendo y uno tiene que deforestar para tener el ganado y sostenerse,” explica Fredy, quien prefirió reservar su apellido por temas de seguridad.
Generaciones de campesinos han ido colonizando la Amazonía desde la década de los 50, cuando la violencia política dejó a miles de colombianos sin refugio, desplazados desde el interior del país. Muchos buscaron seguridad y tierras en la Amazonía. Otros fueron alentados por el Gobierno colombiano a colonizar estas zonas remotas con promesas de títulos de propiedad.
Hoy en día, estas familias han echado raíces en departamentos amazónicos, en el sur del país, como el Caquetá, el Meta y el Guaviare, donde se disparan las tasas de deforestación. Solo en 2020, Colombia perdió más de 170.000 hectáreas de bosque, la gran mayoría en la Amazonía, lo que representa un aumento de 8% en comparación con el año anterior. Una de las causas de la crisis, junto con el acaparamiento de tierras y la especulación, es la expansión de la frontera agrícola por el campesinado.
Aunque muchos agricultores entrevistados reconocen el daño ambiental causado por la tala, sostienen que no hay alternativas. Si bien la deforestación en la Amazonía ahora es un punto clave en la agenda internacional contra el cambio climático, para los campesinos es una cuestión de supervivencia.
El pasado mes de febrero, EL PAÍS viajó hasta Nuevo Horizonte, una vereda de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, y un foco de deforestación, para conocer a los colombianos que están incendiando la selva. Aquí, como en otras partes, la deforestación es una actividad tradicional de la zona, pasada de generación en generación. Aun así, la tala se ha desbordado en los años posteriores al Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 2017, cuando las FARC se desarmaron, la deforestación llegó a un pico de 220.000 hectáreas arrasadas. En zonas donde la guerrilla había ejercido poder e implementado reglas en contra de la deforestación, nuevos grupos armados y empresarios los suplantaron, tomando control de tierras y comprando latifundios para la ganadería extensiva, la minería ilegal y el narcotráfico.
Nuevo Horizonte, una vereda ganadera situada al borde de la frontera agrícola, ha ido creciendo después de que el Frente 14 de las FARC abandonara la región, pero sin que el Estado llegara como autoridad. Fernando Reyes, de 41 años, líder de Nuevo Horizonte, explica que esta fuerza guerrillera había delimitado zonas donde se prohibía la tala para preservar la cubierta forestal que los ayudaba a operar desapercibidos para las fuerzas armadas. “Cuando ya se desmovilizaron es que vemos que la gente se desbocó, no solamente la gente de acá de la zona sino gente del pueblo, gente de otras partes. Se desbordaron y empezaron a talar”, cuenta el líder campesino.
Estos bosques protegidos han recibido en los últimos años a población vulnerable a la que, si se hubiera producido una implementación rigurosa del acuerdo de paz, se les debería haber asignado terrenos en otras partes no protegidas del país. “Ante una muy baja aplicación del Acuerdo de Paz en Colombia, que tenía previsto el Catastro Multipropósito y la asignación de tierras, hay una demanda de tierras y de derechos por parte de grupos poblaciones vulnerables, en particular grupos campesinos,” señala Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
En Colombia, uno de los países con los peores índices de desigualdad agraria en América Latina, la deforestación en la Amazonía siempre ha estado ligada a la concentración de tierras. Luego de que varias reformas agrarias fracasaran a mediados del siglo pasado, las élites del interior del país le prometieron títulos de tierras a campesinos desplazados y empobrecidos en zonas lejanas de la Amazonía, donde hoy se concentra la mayor deforestación en el país. “Las élites andinas, como no son capaces de redistribuir las tierras en su entorno, y hay un proceso de violencia muy fuerte, expulsan a la gente,” explica Estefanía Ciro, profesora en la Universidad de los Andes. “Les dicen: ‘Aquí, no pueden estar, pero pueden estar allá en los llanos o en la selva’”, añade.
Otras familias migraron sin la esperanza de adquirir un título de tierra, pero con el objetivo de encontrar seguridad. Así llegaron los abuelos de Reyes hasta el Caquetá en los años 50, escapando de la violencia que se desataba entre los liberales y conservadores en el departamento del Tolima. Miles de familias de los departamentos de Tolima, Caldas, Huila y otras regiones llegaron al Caquetá sin garantías. Explotaban las selvas para la pesca y la venta de pieles como medio de subsistencia hasta el auge del narcotráfico en los años 70.
Los cultivos de coca
De pequeño, Reyes aprendió a pescar gracias a sus padres, una actividad que los llevó a vivir en una finca en el municipio de Cartagena del Chairá. De mayor encontró trabajo como raspachín, cosechando hojas de coca de finca en finca. Era una época de abundancia en la Amazonía, pero no duró mucho en Cartagena. A mediados de los años 90 se inició la fumigación con glifosato en este municipio, que acabó con los cultivos ilícitos de coca en la zona sin ofrecer alternativas para los campesinos cocaleros. “Mucha gente se desplazó y algunos nos quedamos”, recuerda Reyes. “No había forma de comercio, de cultivos, nos tocó sobrevivir como pudimos. A la mayoría nos tocó buscar otro medio de sustento.” Ese otro medio fue la ganadería.
Un sábado, a mediados de febrero, Reyes se despertó a las seis de la mañana en su pequeña cabaña amazónica para ordeñar leche para la venta del día. Desde hace siete años vive en esta finca de 178 hectáreas con su familia. Con su esposa y su hijo mayor se encargan de todos los oficios relacionados con la ganadería: alimentar, medicar y ordeñar el ganado, además de sacar la leche a la carretera, donde es recogida por un servicio de transporte que lleva el producto hasta el pueblo.
“El ordeño es el sustento de nosotros’’, dice Reyes. Mensualmente, su familia de seis personas puede ganar hasta cuatro millones de pesos del ordeño. De ahí saca para el sustento de más de 100 vacas, quienes requieren de alimento y medicamentos. Pero cuando toca aportar dinero para la mejora de las infraestructuras como vías o puentes, el dinero se agota y queda poco para sobrevivir. Después de sus labores matutinas, Reyes se dirige en su moto a un río, donde los hombres de la vereda sudan bajo el sol amazónico construyendo un puente.
En la vereda de Nuevo Horizonte, donde la presencia del Estado es escasa, las infraestructuras son construidas entre la comunidad gracias a los recursos recolectados de cada finca. “La colonización es un proceso colectivo,” dijo Ciro, la profesora. “No es un proceso de una familia simplemente que se mete a la selva, sino que requiere una enorme articulación del colectivo.”
Esta colectividad también ha ayudado a las comunidades a determinar temas ambientales. Allá donde iban llegando colonos, iban formando Juntas de Acción Comunal (JAC) que imponían reglas sobre el uso de tierras. Las JAC determinaban dónde se cultivaba, en qué partes estaba prohibida la tala para preservar el nacimiento de agua y dónde se depositaban las basuras. También se han fundado organizaciones ambientales como la Asociación Campesina Ambiental de Losada-Guayabero (Ascal-G), creada en 1996 en el Meta, que ha actuado como autoridad ambiental y ha llegado a consensos para limitar la huella humana en el medio ambiente.
Según Elver Medina, representante legal de Ascal-G, casi 80 JAC, algunas ubicadas dentro del Parque Nacional Natural Tinigua, hacen parte de la asociación y siguen sus normas: el 40% de los predios tienen que ser conservados, la tala está prohibida cerca de los caños, los nacimientos y algunas especies en vía de extinción están vetadas para la cacería. Estas normas son cruciales para limitar la deforestación en áreas protegidas como el Tinigua, donde hoy viven más de 500 familias desde el límite norte hasta el límite sur.
Bram Ebus, investigador sobre deforestación en la organización Crisis Group, considera que estas familias que ya viven dentro de los parques o en las fronteras agrícolas podrían convertirse en aliadas en la lucha del Gobierno contra de la deforestación. “Es muy difícil para el Estado controlar o tener personal en los Parques Nacionales, pero si la gente ya está viviendo en los parques se les puede formar o capacitar para que se conviertan en guardianes de los bosques a través de iniciativas de silvicultura comunitaria,” explica Ebus.
El Gobierno, sin embargo, ha escogido otra opción. La captura de familias que habitan las áreas protegidas. En el 2019, el presidente Iván Duque lanzó un operativo en contra de la deforestación llamado Operación Artemisa, que por primera vez articula a las Fuerzas Armadas para la protección del medio ambiente. En tres años, han arrestado a 106 personas por delitos ambientales, según datos de la Fiscalía General de la Nación. La mayoría son campesinos, según los expertos. “Como siempre, Colombia ha optado por un camino de represión. La Operación Artemisa no es una excepción,” critica el investigador.
En los últimos tres años, en las inmediaciones del Parque Tinigua han capturado a 21 personas, según el Ministerio Público. Estas quedan desplazadas de sus hogares porque los jueces les prohíben regresar a los Parques Naturales. William Troches, un campesino de 53 años, lleva más de dos décadas asentado en el Parque Tinigua, pero en los últimos años vive con terror de que el Ejército lo pueda desarraigar del único lugar donde ha encontrado una vida sencilla, pero digna. “Yo creo que nos miran como si fuéramos nosotros los enemigos número uno. Si nos vieran como familias humildes, no actuarían de esa manera”, sentencia.
Este artículo se ha elaborado con el apoyo del Pulitzer Center.