El director de IBC analiza los hallazgos del proyecto de RAISG “Ciencia y Saber Indígena por la Amazonía”, que evidencia el rol clave de la titulación y la gobernanza indígena en la conservación de los bosques y la reducción de emisiones.

 

Renzo Piana, director del Instituto del Bien Común (IBC), explica los principales resultados del proyecto “Ciencia y Saber Indígena por la Amazonía”, de la RAISG. A partir del análisis del carbono forestal y su relación con los regímenes de tenencia, destaca cómo los territorios indígenas con derechos reconocidos presentan menores tasas de pérdida frente a zonas sin gobernanza clara, abriendo una reflexión clave sobre políticas públicas, cambio climático y derechos territoriales.

 

IBC ha liderado entre 2021 y 2025 el proyecto de RAISG Ciencia y Saber Indígena por la Amazonía. En primer lugar, me gustaría saber ¿cómo fue el trabajo realizado y cuáles han sido los principales hallazgos?

Desde la RAISG y desde el IBC, siempre hemos buscado destacar el valor de los regímenes de propiedad comunal por su aporte a servicios ambientales clave para la sociedad. En este proyecto, nos interesaba analizar cómo se comporta el carbono forestal en territorios indígenas frente a áreas protegidas, y cuál es la magnitud de la pérdida en estas categorías frente a zonas sin derechos claramente definidos.

Los resultados muestran que la tasa de pérdida de carbono forestal en territorios indígenas con derechos reconocidos es considerablemente menor que en zonas sin una gobernanza clara, donde hay invasiones y deforestación.

 

¿Qué señalan las cifras?

La Amazonía ha perdido un 20% de su cobertura. Sin embargo, cuando analizamos esa pérdida de manera desagregada por regímenes de tenencia, vemos diferencias importantes. La tasa de pérdida más baja está en las áreas naturales protegidas y en los territorios indígenas. La pérdida de cobertura es de aproximadamente 7% en ambas categorías.  Inclusive en lugares donde los pueblos indígenas hacen uso de su territorio para actividades productivas como agricultura o ganadería, los cambios de cobertura siendo muchísimo menor que en ámbitos donde no hay derechos claramente otorgados.

 

Esto nos indica que los regímenes de tenencia de la tierra de propiedad comunal —que incluyen territorios indígenas en Perú, Colombia y Brasil bajo distintas denominaciones— y la gobernanza que ejercen estos pueblos permiten un mayor control sobre la pérdida de bosques y de carbono forestal que en ámbitos donde no hay claridad sobre la propiedad de la tierra.

 

¿Qué representa esto en términos climáticos?

 

Esto es muy importante, porque el carbono que se libera por la quema de bosques —asociada a la deforestación y al cambio de uso del suelo, como la conversión a monocultivos de palma o soya— contribuye significativamente a la acumulación de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, si una de las grandes preocupaciones de la humanidad es mantener el incremento de la temperatura global por debajo de ciertos umbrales, es fundamental evitar la deforestación.

 

¿Qué demuestran los estudios?

Que las grandes extensiones de bosque amazónico bajo propiedad colectiva indígena tienen un impacto claro en la reducción de la deforestación y de las emisiones. Por eso, es clave que los pueblos indígenas sigan ejerciendo propiedad sobre sus territorios y que se reconozcan los derechos sobre aquellos espacios que aún reclaman como territorios ancestrales.

 

Frente a estos resultados, ¿cuáles son los retos y oportunidades?

Históricamente, el enfoque de conservación ha estado centrado en la creación de áreas protegidas, lo cual está bien si se hace adecuadamente. Sin embargo, lo que nosotros proponemos es que también se priorice el reconocimiento de derechos territoriales a los pueblos indígenas, porque el impacto en la conservación de los bosques y su biodiversidad asociada es muy similar.

Esto representa también un reto, porque implica un cambio de enfoque importante. En muchos países amazónicos persiste la idea de que no se debe otorgar más territorio a los pueblos indígenas porque se considera que no será productivo. Ese análisis es limitado y responde a una visión puramente mercantilista, que no considera los beneficios ambientales y tampoco tiene un enfoque en derechos.

La reflexión de fondo es que la diversidad cultural nos hace más ricos como sociedad, al igual que la diversidad biológica. Por eso, es necesario incorporar esta diversidad en una visión de desarrollo más inclusiva.

 

¿Qué impacto deberían tener estos hallazgos en la política pública?

En el caso del Perú, hay una brecha importante en la titulación de territorios indígenas. En comunidades nativas amazónicas, se estima que entre el 20% y el 25% aún no están tituladas. Esto podría representar entre 2 y 3 millones de hectáreas.

Si se cierra esta brecha, se podría asegurar una mejor gobernanza de esos territorios, reduciendo la deforestación y las emisiones. Por eso, es clave que el Estado destine recursos para avanzar en la titulación y que este mensaje llegue a los tomadores de decisiones a nivel nacional y regional.

 

¿Y a nivel regional en la Amazonía?

Es un reto común en todos los países amazónicos. Siempre existe resistencia a otorgar más derechos territoriales a los pueblos indígenas. En muchos casos, los avances han sido resultado de luchas históricas de las propias organizaciones indígenas.

Por eso, es necesario mantener un trabajo constante de incidencia, aprovechando las oportunidades políticas para avanzar en el reconocimiento de estos derechos.

 

¿Cómo han vulnerado los derechos humanos de las comunidades indígenas —como la Kakataibo, Shipibo-Konibo o Asháninka— al enfrentar deforestación, minería ilegal y tala ilegal, ¿según los resultados del proyecto?

Es una situación constante. Por ejemplo, en el caso del pueblo Kakataibo, la expansión de la colonización, la deforestación y las actividades ilegales han generado conflictos muy graves, incluso con asesinatos de líderes indígenas.

Estas comunidades viven en contextos de alta vulnerabilidad, con muy poca presencia del Estado. Es una situación que se repite en distintas partes de la Amazonía.

 

Aunque el proyecto ha concluido, ¿cuáles son los siguientes pasos?

Las organizaciones que participaron tienen una trayectoria institucional sólida, por lo que el trabajo continuará. Seguiremos utilizando la información generada para incidir en espacios regionales y globales, como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y las conferencias climáticas (COP).

También continuaremos trabajando con organizaciones indígenas para que utilicen esta información como herramienta de defensa de sus territorios y fortaleciendo la formación de voceros indígenas.

 

Finalmente, a nivel personal, ¿qué le deja este proyecto?

Ha sido un reto importante, sobre todo por la coordinación entre organizaciones de distintos países, pero también una experiencia muy valiosa. Es importante que distintas metodologías confirmen lo mismo: que otorgar derechos territoriales a los pueblos indígenas contribuye a la conservación de los bosques.

El gran desafío ahora es lograr que este conocimiento llegue a más actores y se traduzca en decisiones concretas.