22 de julio de 2020

Wataniba

Amazonía venezolana

En ocasión de la presentación del informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, las Academias de Venezuela emiten un pronunciamiento en el que rechazan la minería ilegal y el Arco Minero del Orinoco, área decretada en 2016, mediante el decreto 2.248, que define la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, la cual comprende una extensa zona (112 mil kilómetros cuadrados) en la franja norte del estado Bolívar, al sur del río Orinoco.

En abril de este año, aparece en Gaceta Oficial 6.526 Extraordinaria, la  Resolución Nº 0010, del Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico, según la cual, explícitamente, se legaliza la minería fluvial (con balsas) de oro y diamantes en los ríos Cuchivero, Caura, Aro y Bajo Caroní, afluentes del río Orinoco y del Cuyuní, en la Amazonía venezolana. Estas prácticas han sido, reiteradamente, señaladas por sus impactos negativos en lo ambiental, social, en salud, entre muchos otros aspectos.

Para los miembros de las Academias, las prácticas extractivístas de oro y diamantes, principalmente, suponen la desaparición, incluso, de las poblaciones indígenas de la zona donde se ubica el denominado Arco Minero, debido al uso de mercurio y cianuro para la separación de estos minerales de la tierra, lo cuales son altamente contaminantes para la salud de los seres vivos. El efecto sobre los pueblos indígenas no se queda allí, ya que la presencia de la minería altera por completo sus dinámicas socioculturales, introduce toda clase de enfermedades y trae violencia con grupos externos.

Indican, así mismo, los académicos, que no ha habido consulta alguna para la creación de esta zona de explotación a los pueblos indígenas cuyos territorios tradicionales se encuentran en la extensa área afectada. Lo que supone un grave error por, como ya se mencionó, la magnitud de los efectos negativos que estas actividades representan para la supervivencia de los pueblos originarios.

El pronunciamiento de las Academias cierra con una serie de recomendaciones a las autoridades nacionales, que buscan mitigar las prácticas extractivas y todo el círculo de actividades ilegales y criminales que se han generado en torno a la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco.

Desde Wataniba, Grupo de Trabajo Socioambiental, reiteramos como punto fundamental el pronunciamiento ante las decisiones inconsultas, por parte del Estado, a los pueblos indígenas y sus comunidades, en virtud de la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada contenida en nuestro marco jurídico, del que han sido víctimas.

Además, es imprescindible la realización de evaluaciones ambientales y sociales a diferentes niveles, tal como lo establece la ley, de manera que se considere las consecuencias a nivel de la región y los impactos de cada concesión o proyecto específico.

La minería en la ZDEN-AMO ha traído violencia a esta extensa región, por lo que también es necesario el análisis de esa situación, la violación de derechos humanos en esa materia, los tratos inhumanos y homicidios que han tenido por objeto a la población general y, en particular, los pobladores indígenas. Es necesario una revisión amplia de la situación, con la inclusión de indicadores relativos a los derechos económicos, sociales y culturales.

Por otra parte, apoyamos este pronunciamiento en función de tomar las medidas necesarias para desmantelar las bandas criminales y los grupos armados que controlan las actividades mineras y, a la vez, sancionar a los responsables de los crimines y violaciones.

Así mismo, nos unimos a la exhortación que hacen las Academias en cuanto a garantizar el derecho colectivo de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios, mediante la reactivación del proceso de demarcación de sus tierras ancestrales y tradicionales, tantas veces reiterado por nuestra organización y que ha contado con el acompañamiento a los procesos de auto-demarcación de diversos pueblos indígenas del estado Amazonas y Bolívar, así como también por medio de escritos y comunicados públicos.

Finalmente, queremos insistir en que la minería no es una respuesta ni una solución a la crisis económica de ningún país, ni un beneficio para sus pobladores, sean o no sean pueblos originarios. Los impactos negativos de la minería que emplea sustancias altamente tóxicas no son compensados con los mencionados beneficios. Por otro lado, como lo muestran las experiencias mundiales, los proyectos mineros bajo la concepción imperante no dan respuesta a las necesidades sociales de una nación, la rentabilidad queda en manos de unos pocos, los pasivos sociales, ambientales, entre muchos, quedan sobre los hombros de la gente a la que, en teoría, beneficiarían.

La minería artesanal (sin máquinas ni químicos) ha sido practicada por años. Sí se considera que esa es la vía hay que plantear una estrategia totalmente diferente.

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