Mientras los titulares hacen énfasis en lo que está sucediendo con el avance del Covid-19 en Ecuador –situación altamente alarmante y con imágenes complejas difundidas desde sitios como Guayaquil-, el pasado 7 de abril hubo un hecho que pasó casi desapercibido, pero que ha afectado a casi un centenar de comunidades.Se trata de la ruptura –en la zona de Orellana, Amazonía ecuatoriana-  de una tubería del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), según constatan medios locales como El Comercio.

Esto provocó que rápidamente la afectación-que se pudo apreciar a través de manchas de petróleo-  llegara hasta los famosos ríos Napo y Coca, generando también inconvenientes para comunidades que tienen a estos recursos hídricos como medio de subsistencia.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) lanzó el siguiente tuit:

“El río quedó muy contaminado. Muchos compañeros sacaron peces muertos”, dijo a El Comercio un integrante de las comunidades afectadas por este derrame de crudo.

Desde el lado de las autoridades, además de tener que actuar ante inconvenientes para la captación de agua, se ha dispuesto la creación de un Comité de Emergencias y Contingencias encabezado por el ministro de Ambiente y Agua Juan DeHowitt.

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“Sensibles y responsables”

Desde el Vicariato Apostólico de Aguarico se emitió un comunicado en el que se hace referencia a la preocupación generada por este derrame de crudo, en el que también se pide sensibilidad tanto al Estado como a la sociedad en cuanto a la defensa de la “Casa Común” (Laudato Sí).

En ese sentido, a través de cuatro puntos establecen, por ejemplo, que “se ha ocultado información a las comunidades afectadas por la enorme contaminación”; “que no se tomaron las medidas de contención del derrame”; “que las comunidades sufren el deterioro de la salud, garantía alimentaria y estabilidad social, por la doble tragedia de la pandemia del Covid-19 y la contaminación petrolera”.

Por último, “que el derrame de petróleo afecta directamente a un centenar de comunidades del Napo, Orellana y de norte de Perú”.

Debido a estas constataciones, se exige: “Que el gobierno nacional, la empresa estatal Petroecuador EP y la autoridad ambiental transparenten la información acerca de las causas del desastre y las medidas tomadas para su remediación”.

De esta manera, desde la Iglesia que acompaña el día a día en regiones como la Amazonía, surge este clamor habida cuenta de una tragedia que no es nueva (en 2018, por ejemplo, también hubo un derrame en la zona), pero que merece salir a la luz en tiempos donde impera la sobreinformación.