Sputnik
6 de septiembre, 2021
QUITO (Sputnik) — La Federación de la Nacionalidad Shuar (pueblo indígena) de la provincia de Pastaza (este), en la Amazonía de Ecuador, exigió que el Gobierno de Guillermo Lasso que derogue decretos ejecutivos relacionados con la política petrolera y minera.
“La Federación Shuar de Pastaza resolvió exigir, al Gobierno nacional, la derogatoria de los decretos ejecutivos 95 y 151 relacionados con la política extractivista petrolera y minera”, dijo el presidente de la organización no gubernamental Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza, Severino Cerón, en conferencia de prensa.
En días pasados, Lasso emitió dos decretos ejecutivos que buscan duplicar la actual producción de petróleo de los actuales 500.000 barriles por día a 1 millón de barriles diarios, e impulsar la naciente industria minera.
En el caso del decreto 95, firmado por Lasso en julio,, se propone duplicar la producción actual de 500.000 barriles de crudo hasta 1 millón de barriles diarios.
Según dijo Cerón, para alcanzar su objetivo el Gobierno pretende ampliar la explotación hidrocarburífera hacia extremo sur-oriental del país, dado que los campos localizados en las provincias amazónicas de Napo y Orellana (noreste) ya se encuentran en una fase de máxima explotación.
Según el dirigente indígena, eso supone una amenaza para los territorios ancestrales que se encuentran dentro de los bloques petroleros 10, 70 y 79.
En lo que tiene que ver con el decreto 151, emitido el 5 de agosto, Cerón advirtió que es preocupante para las comunidades porque varias de sus organizaciones de base han declarado a sus territorios libres de minería.
El decreto dispone que en 100 días el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables difunda las condiciones en que se realizará la minería legal y da un plazo de dos meses para que el Ministerio del Ambiente acelere los trámites sobre la emisión de permisos ambientales y de agua, así como administrativos, que sirvan de base para las actividades mineras en el país suramericano.
Según el titular de la federación, estas decisiones no garantizan los derechos de la naturaleza, ni los derechos humanos y colectivos de los pueblos ancestrales.
Cerón anticipó que los pobladores de las comunidades agrupadas en la federación impedirán que se realicen actividades extractivas en sus territorios.